Durante la sesión ordinaria del Pleno realizada este martes 7 de
septiembre, la Legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRI, reveló
que de acuerdo al INEGI, en los últimos 15 años, los divorcios en Baja
California han aumentado un 14.9%, pues mientras en 1996 se divorciaban 8 de
cada 100 parejas, en la actualidad de cada 100 parejas, la cuarta parte se
encuentra separadas o divorciadas. Siendo nuestro estado, uno de los tres
estados donde existían, el mayor número de mujeres separadas o divorciadas en
el 2010.
Sánchez Arredondo indicó que “como instituciones públicas, no podemos
pensar en condiciones de bienestar en la célula familiar, cuando en caso de
separación o divorcios, se destina a sus integrantes a un estado permanente de
vulnerabilidad, por negarles sus derechos alimentarios en procesos judiciales
inoperantes e inequitativos”.
Lamentablemente, añadió, en más del 67% de los casos de divorcio, existe
incumplimiento en la obligación de proveer una pensión alimenticia, que a su
vez abona con la pobreza que existe en los hogares bajo jefatura femenina, que
se traduce en alrededor del 37% del universo total de este tipo de hogares.
“Privilegiando el interés superior de la niñez, la presente iniciativa,
busca apoyar al acreedor alimentario mediante la implementación de una serie de
medidas y mecanismos de tipo administrativo, a fin de reforzar el cumplimiento
de la Pensión Alimenticia, cuando esta haya sido dictada por la autoridad jurisdiccional”,
refirió.
La Diputada Nancy Sánchez, señaló que tal como presentó ante el Congreso
la iniciativa que crea el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos
(REDAM), como medida precautoria y coadyuvante para asegurar el beneficio
derivado de los derechos alimentarios, en esta ocasión, se propone fortalecer el aseguramiento de alimentos,
mediante la creación de una figura institucional denominada Coordinación de
Asistencia a Acreedores Alimentarios, al interior de la Procuraduría para la
Defensa de Personas Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia, como ente
gubernamental que trabajaría de la mano con el acreedor alimentario para
acceder a dicho derecho.
Esta figura, explicó, es de suma importancia, pues en muchos de los
casos, quienes buscan apoyo, son quienes no tienen la posibilidad de contar con
una digna representación legal, la cual es fundamental en casos judiciales de
esta naturaleza.
“Se busca que exista una relación estrecha entre la Coordinación y el
Ministerio Público, para que de manera inmediata se pueda dar inicio a un
proceso judicial que permita a su vez el aseguramiento de bienes para cubrir
los pagos al acreedor alimentario y así impedir que ingrese a un delicado
estado de vulnerabilidad”, detalló.
Por último, dijo, es importante contar con una base de datos que nos
refleje el universo total que fue asistido y facilite el seguimiento de estos
casos, lo cual otorgaría una herramienta muy útil para impedir un mayor
incumplimiento y así reducir la tendencia negativa que afecta de manera
sensible la estabilidad y desarrollo de los menores.
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