Rosarito Informa.-Con la finalidad de atender de manera inmediata la problemática de miles de jornaleros que laboran en los campos de Ensenada, el Diputado David Ruvalcaba Flores a nombre de diversas fracciones, presentó ante el Pleno un Punto de Acuerdo, durante la sesión del Congreso celebrada en este municipio.
En un primer punto, solicitó que la XXI Legislatura realice un exhorto al Gobernador del Estado, Francisco Vega de la Madrid, a efecto de que instruya a la Titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, para efectos de que rindan en un término no mayor a quince días hábiles, un informe respecto a las acciones que se están realizando para la protección de los derechos de los trabajadores en dicha zona.
De la misma forma, solicitó de manera respetuosa que la funcionaria estatal y las dependencias y entidades vinculadas, analicen la viabilidad de otorgar mayores recursos para la realización de inspecciones de los centros de trabajo de explotación agrícola y las condiciones en que los jornaleros están prestando sus servicios.
Consideró en su exposición de motivos, que es de vital importancia y de notoria urgencia, que se realicen las gestiones conducentes para la promoción de los derechos de los trabajadores del campo de Ensenada, así como para exigir que se sancionen a quienes los vulneren y violenten la esfera jurídica de los mismos.
Además tomó en cuenta, que la realidad de los jornaleros en el Valle de Ensenada “ya no debe verse como asunto menor o considerarse como un acuerdo entre particulares toda vez que es obligación de todo gobierno, tutelar los derechos de sus habitantes y procurar el bienestar de los mismos“.
Ruvalcaba Flores mencionó que actualmente, tan sólo en el Valle de San Quintín, existen por lo menos 5 empresas y algunas 20 rancherías dedicadas a la explotación agrícola y que en las comunidades como Maneadero, Lázaro Cárdenas, Vicente Guerrero y Nueva Era, entre otros, los trabajadores del campo sufren a diario las consecuencias de la ausencia de la autoridad, ya sea por omisión o por incapacidad en el desarrollo de sus funciones.
También expuso que miles de jornaleros carecen de seguridad social y demás prestaciones que por Ley tienen derecho, aunado a las condiciones a veces infrahumanas en que se encuentran prestando sus servicios.
Por lo que respecta a la autoridad, -dijo- la Ley faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a vigilar, mediante visitas e inspecciones, que los centros de trabajo cumplan con las disposiciones legales en materia laboral.
Además a realizar las recomendaciones necesarias cuando así lo amerite e imponer las sanciones administrativas procedentes; situación que para la mayoría de los trabajadores del campo, es desconocida.
“Bajo esa tesitura es impostergable la intervención de este Congreso del Estado, para revisar, analizar y valorar las medidas que se han realizado por parte del Ejecutivo Estatal, para abatir este rezago social, una asignatura que está por demás pendiente para la actual administración”, concluyó.
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