Rosarito Informa.-La Comisión de Justicia (CJ) del Poder Legislativo de Baja California, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma por la cual se adiciona la fracción IX al artículo 208 del Código Penal del Estado, mediante la que se inscribe una nueva causal al delito de robo calificado.
Dicha iniciativa, cuyo inicialista es el legislador David Ruvalcaba Flores, establece como otra causal de robo calificado, “cuando se cometa aprovechando las condiciones que se produzcan por catástrofe o desorden público”. En ese sentido, se aplicará la misma penal del robo con violencia cuando para realizar el apoderamiento ilegal de bienes muebles, se lleve a cabo bajo condiciones de contingencia, sobrevenidas por un fenómeno natural o de cualquier tipo de situación climatológica.
Por otro lado, este órgano de trabajo legislativo avaló dos iniciativas propuestas por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid; la primera de ellas reforma la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, con el propósito de que los niños no puedan vivir de forma permanente o prolongada en los centros de readaptación social con sus progenitores, lo cual va en sintonía con tratados internacionales a los que está inscrito el gobierno mexicano, en el interés superior del niño.
La segunda es relativa a declarar que el Código Nacional de Procedimientos Penales entrará en vigor en el municipio de Tecate a partir del 11 de noviembre de 2015, salvo para los delitos en contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, mismos que son de competencia estatal.
También se dio la aprobación a una reforma presentada por el diputado René Mendivil Acosta que tiene el objetivo de agilizar los procedimientos alternativos; es decir, que cuando la carga de trabajo así lo requiera, el director del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial podrá autorizar al subdirector o a los Coordinadores de sede u oficina regional, para recibir los convenios que las partes celebren como resultado de los medios alternativos, revisarlos para verificar que reúnen los requisitos legales y hacer saber a las partes los alcances de los mismos.
Por último, la Comisión de Justicia avaló que se modifiquen los artículos 760 y 762 del Código Civil de Baja California, propuesta por el diputado Gerardo Álvarez Hernández, la cual pretende proteger los bienes de dominio público y privado del gobierno del Estado y municipios, al establecer que estos sean inembargables e imprescriptibles.
La reunión de trabajo de la CJ se realizó en la sala “Estado 29” del Congreso local, en la que estuvieron presentes los asambleístas Juan Manuel Molina García, presidente; Rosalba López Regalado, quien fungió como secretaria, y los vocales Gustavo Sánchez Vásquez y Nereida Fuentes González.
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