Rosarito Informa.-Con el objeto de que se considere como daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, el incumplimiento de resoluciones judiciales, ya sean sentencias con independencia de su naturaleza, de laudos laborales y resoluciones administrativas, el diputado David Ruvalcaba Flores presentó una Iniciativa a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
Con dicha propuesta, se pretende evitar que estos incumplimientos que deliberadamente se propician, sirvan para llevar a cabo prácticas de corrupción, al negociar las liquidaciones, como sucede en muchos casos, así como impedir que impere la omisión y la negligencia de algunos malos servidores públicos, que no ejercen correctamente los presupuestos.
En consecuencia, se da por partida doble el quebranto, por un lado para la parte trabajadora que se ve privada de lo que conforme a la Ley y al derecho le corresponde y el Estado o los Municipios que ven afectada su Hacienda pública, agregó el legislador.
David Ruvalcaba expuso que las Autoridades Estatales o Municipales constantemente han sido objeto de multas y sanciones por la negligencia con que algunos funcionarios desempeñan sus actividades y que dichas multas o sanciones son cubiertas con el presupuesto del erario público.
Por ello, dijo que: “debe establecerse y dejar en claro que estas irresponsabilidades, no deben ser cubiertas por el erario público, sino que resulta necesario que sean por el patrimonio de los funcionarios, para que puedan resarcir el daño ocasionado”.
Tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable y que debería cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa, ya que actualmente las omisiones de dichos funcionarios, son cubiertas a costa de los impuestos de los contribuyentes.
Es por ello, que la intensión del legislador es evitar que se sigan despilfarrando las arcas del presupuesto público, considerando que debe establecerse que con dichas omisiones o desacatos, esos funcionarios públicos se harán merecedores de las sanciones en que incurran y que se dejarán de solapar las irresponsabilidades u omisiones, para evitar la impunidad con la que actúan.
Por ello, mencionó que propuso la modificación al Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, ya que con dichas conductas omisivas, se está ocasionando un grave daño patrimonial al erario público y el mismo no ha sido regulado perfectamente.
“Así se evitará que los funcionarios responsables, mediante argucias, -muchas veces incomprensibles- dilaten los cumplimientos de las sentencias, esperando o propiciando un acercamiento con la contraparte para solicitar una dadiva, situación esta que ya se encuentra regulada por la Ley, pero que es difícil acreditar por los afectados en esta situación”.
Puntualizó que en materia laboral, el desacato al cumplimiento de laudos que determinan, ya sea la reinstalación o el pago de ciertas prestaciones como indemnizaciones, salarios caídos, entre otras, generan acumulación de las mismas y en algunos casos hasta el pago de intereses por esos pagos no realizados, ello de conformidad a lo que establece el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo.
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