Rosarito Informa.-“El Poder Judicial
del Estado constantemente ha encontrado dificultades para desempeñar sus
funciones en forma ideal más que cualquiera de los Poderes del Estado, por ello
es que proponemos ante este Pleno que el Poder Judicial debe ser una
institución que no debe atravesar ni depender de vaivenes políticos, sino que
debe ser un órgano que cuente con una base sólida, por lo menos un mínimo
seguro y constante para su funcionamiento”, argumentó el diputado Juan Manuel
Molina García.
Lo
anterior, al presentar una iniciativa de reforma constitucional para que el
presupuesto anual que le corresponda al Poder Judicial del Estado, no sea menor
al 3 por ciento del presupuesto global del Gobierno del Estado, el cual le
garantizaría un piso presupuestal que no estaría supeditado al ánimo de unos
cuantos y que le daría mayor estabilidad para sus proyectos futuros.
En su exposición de motivos, el legislador de Movimiento
Ciudadano señaló también que el sistema de impartición de justicia es una
institución compleja que cuenta con diversos órganos tanto administrativos como
judiciales, así como que su autonomía le da la independencia que necesita para
poder impartir la justicia a los ciudadanos y otorgar confianza a los
justiciables.
En ese sentido, indicó la necesidad de que esté actualizado,
que cuente con la información, capacitación, infraestructura, tecnología, entre
otras tantas necesidades, para poder otorgar lo que los ciudadanos requieren en
una situación de conflicto, que es la correcta impartición de justicia pronta,
expedita e imparcial.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Justicia de
la XXI Legislatura local informó que dentro del Poder Judicial, se cuenta con
diversos órganos encargados de hacer que se cumplan las leyes y disposiciones
de derecho que hacen que en la sociedad pueda vivirse en un Estado de Derecho,
y que para su funcionamiento dependen del presupuesto anual otorgado por el
Gobierno del Estado y autorizado por el Congreso después de su análisis.
Esta propuesta de reforma al artículo 90 de la Constitución
de Baja California fue turnada para su análisis y discusión por la presidenta
de la Mesa Directiva, diputada Irma Martínez Manríquez, a las Comisiones Unidas
de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC), Hacienda y
Presupuesto (CHP) y Justicia (CJ).
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