Rosarito Informa.-Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las
ciudades en crecimiento, es el tema de la movilidad y el transporte público,
los cuales representan un elemento indispensable para su desarrollo y para una
calidad de vida digna de sus habitantes, equiparado a los derechos
fundamentales consagrados en la Carta Magna, tales como la educación, trabajo,
salud, vivienda y seguridad social, indicó el legislador David Ruvalcaba
Flores.
Estos dos elementos, presentan inconvenientes cuando no se
cuenta con una planeación, infraestructura y regulación eficiente, para este
importante tema de interés público, otorgando así áreas de oportunidad para que
la delincuencia encuentre nuevas formas para fortalecer sus actividades
criminales, agregó.
Por ello en ciudades como Tijuana, que cuenta con la mayor
cantidad de habitantes en nuestro Estado y considerada como una de las más
importantes del país, resulta evidente el hecho de que existan múltiples
conflictos en materia de seguridad pública, saturación en vías de comunicación
y transporte público ineficiente, entre otros.
Así lo indicó al presentar ante el pleno en la sesión de
este jueves, una iniciativa para que se adicionen los artículos 257 BIS, 257
TER, y 257 QUATER al del Código Penal
para el Estado de Baja California.
Según información proporcionada por la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado, dijo el legislador que en la Entidad uno de los
“modus operandi” utilizados por la delincuencia organizada para ocultar sus
actividades ilícitas, es la utilización de unidades de transporte público
apócrifas, para el trasiego de droga o de los mismos criminales, lo cual para
las corporaciones policiacas, aumenta el grado de dificultad para la
identificación y persecución de estos criminales.
De igual forma, estas unidades de transporte, son utilizadas
en la comisión de delitos contra la libertad y seguridad de las personas como
extorsión y secuestro en sus distintas modalidades, inhibiendo así que la
víctima este en posibilidades de resistir o repeler el ataque, agregó.
Por otro lado, es de resaltar el alto índice de delitos
sexuales cometidos en contra de mujeres, a bordo de unidades de transporte
público piratas, valiéndose los delincuentes para perpetrar dichos crímenes, de
unidades clonadas o piratas.
Aunado a lo anterior, es oportuno comentar, que la clonación
de unidades de transporte público, genera también parte del desorden vial y
competencia desleal con los concesionarios de este servicio, sin que la
autoridad tenga elementos para castigar este tipo de conducta, salvo las
sanciones administrativas previstas en los reglamentos municipales.
“Por ello, la seguridad pública y social en Baja California,
deben representar en el día a día, nuevos retos que requieren de manera
constante contar con soluciones y alternativas que posibiliten evolucionar a la
par de las necesidades de una sociedad cada vez más demandante”, expuso.
Por ello propuso que se imponga una pena de seis meses a dos
años de prisión y multa de cien a trescientos veces el salario mínimo vigente
en el Estado, a la persona que sin contar con el permiso o concesión
correspondiente o alterando los términos y condiciones que se contengan en él,
preste el servicio de transporte público de pasajeros en Baja California.
También que se sancione con pena privativa de libertad de
dos a cuatro años y multa de trescientos a mil veces el salario mínimo vigente
en el Estado, a quien dirija, organice, incite, induzca, obligué, promueva o
patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de
pasajeros, sin contar con el permiso o concesión correspondiente.
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