viernes, 15 de enero de 2016

La Dip. Mónica Bedoya Serna propuso una reforma para excluir el matrimonio como excluyente del delito de estupro

Rosarito Informa.-La fracción parlamentaria del PAN, en boca de la diputada Mónica Bedoya Serna, propuso reformar el Código Penal del Estado con el fin de dejar de contemplar como excluyente del delito de estupro, el contraer matrimonio con la víctima.

En el artículo 183 del Código Penal del Estado se establece actualmente: “No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, a falta de éstos, de sus representantes legítimos; pero cuando el delincuente se case con la mujer ofendida, cesará toda acción para perseguirlo o se extinguirá la sanción impuesta”.


“Pero esta excluyente –acentuó la diputada Bedoya Serna- no implica solo esto, sino que se fomenta a los matrimonios forzados, en donde evidentemente una de las partes solo lo contrae para evitar se le imponga una pena; es decir que no lo contraen para cumplir con los verdaderos fines del matrimonio”.




En su exposición inicial la legisladora explicó que el estupro es un delito donde una persona mayor de dieciocho años de edad obtiene el consentimiento de una persona menor de edad para llegar a la cópula y este delito, en Baja California, se castiga con penas que van de dos a seis años de prisión y hasta cien días multa.

Agregó que un elemento que diferencia al estupro de la violación es el consentimiento de la víctima, pues en el estupro el sujeto activo se basa en la seducción o en el engaño para obtener el consentimiento de la persona menor de edad, es por ello que se considera que se debe imponer el castigo al responsable.

La diputada Mónica Bedoya abundó que “es evidente que cuando un mayor de edad obtiene el consentimiento de una niña, niño o adolescente para tener relaciones sexuales, se aprovecha de la inexperiencia de la víctima que quizás a una edad avanzada no tomaría las mismas decisiones o no generarían en ella las mismas sensaciones emocionales”.


La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia de la XXI Legislatura para su análisis y en fecha próxima se dictaminará en sentido procedente o improcedente, según sea el caso, para someterla a discusión del Pleno de la XXI Legislatura.

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