Cero Grados.-Por Hugo Isaac Rea Torres
¿NARCOGOBIERNO?- Los actos de corrupción en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, fueron detectados ahora en la delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) en Tijuana, en donde los empleados de confianza han creado una célula que, usurpando las funciones de las 21 Notarías Públicas que hay en la ciudad, han regularizado miles de casas habitación (adjudicadas) y otro tanto prescritas falsamente, entregando en el 2017 documentos con los que se acredita la propiedad, pero fechados en el 2015.
Ante esa grave situación, el director de la dependencia estatal, José Antonio Araiza Regalado, ha iniciado una investigación para detectar la cantidad de trámites irregulares que se han realizado en la delegación local. Tras la revisión, Araiza Regalado ordenó el cambio al área de archivo de José Eduardo Zayas González, quien recibía los expedientes para darles trámite tras obtener las sucias ganancias.
Son entre 45 mil y 70 mil pesos los que los deshonestos empleados “cobran” por cada uno de los documentos que dan “fe pública”, con los que los tramitadores obtienen un número de partida que acredita la propiedad de los inmuebles.
Son literalmente ríos de dinero los que corren en esas oficinas estatales, del cual se reparten entre quien recibe los expedientes, algunos “analistas”, hasta llegar al delegado, Antonio Morán Rangel, a quien, dicen, “le tocan 30 mil pesos por cada trámite”.
Para no retrasar la obtención de esos corruptos ingresos, el funcionario permite que sus incondicionales puedan utilizar la firma de su computadora personal cuando él no se encuentre en la dependencia. Son nueve a los que les tiene permitido hacerlo.
En la misma delegación del RPPC cuentan con “halcones” que vigilan a los ciudadanos que se acercan a tratar de regularizar algunas propiedades que no les dejarán utilidades, y les indican a los “analistas” que les pongan todas las trabas posibles, rechazando expedientes que según ellos, cuentan con alguna inconsistencia.
Es de resaltar que es un promedio de entre 800 y mil 200 los trámites que por mes se realizan en el Registro Público. Entre ellos se cuentan representantes de diversas empresas que presuntamente se dedican al negocio inmobiliario pero que se presume lo hacen para “blanquear dinero” de dudosa procedencia. No están registrados ni en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ni en la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda en Baja California.
Las casas que ha “regularizado” la delegación del Registro Público de la Propiedad en Tijuana son las que sus propietarios originales no pudieron solventar los créditos para adquirir viviendas sobrevaluadas que les fueron otorgados a través de las llamadas UDI´s o que por diversos motivos las abandonaron.
La mayoría de las casas habitación “adjudicadas” se ubican en fraccionamientos que fueron construidos por empresas que se declararon en quiebra y abandonaron la ciudad.
Son peleadas también ante juzgados por reconocidas inmobiliarias como la de Luis Bustamante, por ejemplo.
Las viviendas son revendidas en precios que oscilan entre los 250 hasta el millón y medio de pesos, pero son “legalizadas” en el RPPC por montos que no rebasen los 800 mil pesos para su venta, de acuerdo a las facultades que tiene la dependencia estatal para dar validez a los contratos privados de compra-venta.
Como ejemplo, tan solo en el fraccionamiento Urbi Villas del Campo, de 35 mil viviendas que se construyeron, 17 mil fueron abandonadas; algunas se encuentran invadidas y otras más vandalizadas, las cuales “no les interesan a los clientes” del RPPC.
En Tijuana la demanda de vivienda supera a la oferta que se puede atender actualmente solo un 30 por ciento de esta, reconoce la CANADEVI.
Ante las condiciones de esos desarrollos inmobiliarios que están siendo usufructuados por gente sin escrúpulos, el ayuntamiento y el Poder Ejecutivo de Baja California han sido comparsas de los problemas de vivienda, incluso han dejado de participar en el concurso mercantil de las desarrolladoras a pesar de que las mismas les deben cantidades millonarias por la falta de cumplimiento en la construcción y entrega de la obras de urbanización.
El último reporte con el que se cuenta señala que hay 272 mil 348 viviendas abandonadas en la entidad, de las cuales 129 mil 374 pertenecen a Tijuana, 81 mil 210 a Mexicali, 39 mil 257 a Ensenada, 9 mil 775 a Tecate y 12 mil 732 a Playas de Rosarito.
Eso indica claramente que habrá corrupción para rato en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mientras el Congreso del Estado no suba al pleno la cancelación de las facultades que al respecto tiene esa dependencia estatal.
Mientras tanto ¡a seguir llenando bolsillos de dinero!
Hasta aquí la dejamos, no sin antes recomendarles que NO SE ENREDEN ¡Y PUNTO! Agradeciendo su tiempo de lectura y difusión.
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