Por.- Alfredo Calva
Apesta la SCJN con el
ministro agradecido....
El ministro y presidente de la segunda sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora Icaza, pagó en días
recientes, una de las facturas políticas que le debe al aún presidente de México,
Enrique Peña Nieto, al haber emitido una resolución, en la que se prohíbe a las
autoridades del gobierno del estado de Chihuahua, llevar a cabo cualquier tipo
de investigación penal en contra del titular del ejecutivo federal y sus
funcionarios de primer nivel.
Dicha resolución, es la respuesta (por coincidencia, le
correspondió al amigo del presidente) judicial de la SCJN a través de la sala
que titula Medina Mora Icaza, a la controversia interpuesta por el área
jurídica de la Presidencia de la República, para eximir de cualquier acción
penal en contra de Peña Nieto y sus colaboradores cercanos, derivado de la
denuncia que el gobierno de Chihuahua hizo en contra de un desvío de 250
millones de pesos, presuntamente canalizados a campañas políticas en favor del
PRI, durante la gestión gubernamental de Cesar Duarte.
En ese encargo que le permitía estar cerca a sus hijos que
estudiaban en ese país, Medina Mora transitó hasta el 2015, cuando a la muerte
del ministro Sergio Valls, se presentó la necesidad de cubrir el espacio, y con
ello la oportunidad de Peña Nieto de empezar las acciones de cubrirse las
espaldas para al término de su gestión.
Su arribo a la SCJN no fue bien aceptado por el resto de los
ministros, que lo veían como un oportunista carente de la capacidad para cubrir
el hueco dejado por el ministro Sergio Valls, a lo que se sumó las fuertes
críticas que arrastraba derivadas por su paso como titular de la PGR durante el
mandato de Felipe Calderón, especialmente, por el operativo llevado a cabo por
la dependencia conocido como ¨michoacanazo¨, acciones que fueron encaminadas
fundamentalmente a los alcaldes emanados del PRD.
Permitió la penetración del crimen organizado en la
dependencia a su cargo, especialmente en la Subprocuraduría Especial de
Investigación contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), ocultando por así
convenir a sus intereses al presidente Calderón, hasta que a través de la
prensa la podredumbre emergió y se vio en la necesidad de informar al
presidente, prometiendo que solucionaría el problema. La operación limpieza en
la SEIDO, descabezó a toda la dependencia y varios de sus jefes fueron a dar a
la cárcel, lo que le generó demandas en su contra por falsas acusaciones.
El paso de Medina Mora Icaza por las diversas dependencias
en las que ha participado, están plagadas de fracasos y manejos turbios, sin
embargo, lo anterior no tuvo importancia alguna para Peña Nieto, que lo
defendió ante los embates de los senadores y de los ministros de la Suprema
Corte, por su arribo a la SCJN, lo único que realmente importaba a Peña Nieto
en ese momento, era empoderar y tener un garante íntimo y cómplice dispuesto a defenderlo bajo cualquier
circunstancia, en la máxima corte de éste país, de inmunidad.
Inmunidad, que le permitirá no sufrir sobresaltos al término
de su gestión, ya no tendrá preocupación por la acusación en la que se
encuentra envuelto, por los desvíos de recursos económicos que el gobierno de
Cesar Duarte, hizo en favor del PRI, bajo el conocimiento y aprobación de los
entonces dirigente nacional de ese partido y del titular de la SHCP, Manlio
Fabio Beltrones Rivera y Luís Videgaray, respectivamente.
Imputación criminal que el actual gobernador de Chihuahua,
Javier Corral, a través de la Procuraduría de Justicia del Estado, le fincó en
primer instancia al ex gobernador Duarte, quien se encuentra prófugo, y a
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se desempeñaba en el tiempo de los hechos
referidos, como presidente adjunto del CEN del PRI, al lado de su compadre
Beltrones Rivera, y por lo que fue encarcelado y continúa su proceso judicial
bajo caución.
Peña Nieto busca a toda costa blindarse de cualquier acción
judicial que lo lleve a la cárcel, hechos para tal fin sobran, por lo pronto y
hasta que no resuelva otro ministro de la SCJN el recurso de inconformidad que
presentara el área jurídica del gobierno de Javier Corral, el todavía
presidente en funciones, no podrá ser investigado y menos sancionado, por el
desvío de los 250 millones de pesos, hacia el PRI en el 2016, asunto por el que
Beltrones Rivera sigue amparado.
Y mientras tanto….
La clase política de Baja California, se mofa de las
fantasías y onanismo mental del ex senador, Marco Antonio Blázquez
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