Cero Grados.-La diputada Mónica Hernández Álvarez (PAN),
presentó ante la máxima tribuna de la Vigésima Segunda Legislatura, una
proposición, la cual fue avalada por unanimidad, mediante la cual se exhorta al
titular del Ejecutivo Federal, a que fortalezca las acciones y programas de
apoyo que reciben los organismos que prestan servicios de refugios para mujeres
que viven en situación de violencia extrema.
De igual forma, insto a que dichos esquemas permanezcan y se
les dote de mayores recursos financieros. “Suspender el subsidio o apoyos que
se les brindan a estos organismos de la sociedad civil significa poner en
riesgo la vida e integridad de miles de mujeres en el país”, aseveró.
Precisó que coincide en que deben existir mayores controles
de eficiencia en el gasto público, pero es indispensable que este tipo de
programas de ayuda a mujeres víctimas de violencia estén siempre presentes. “No
podemos olvidar que la vida es el bien jurídico más importante tutelado por la
ley”, manifestó.
Hernández Álvarez, argumentó que en días recientes se dio a
conocer por parte del Gobierno Federal, que se suspendería la convocatoria
pública para la asignación de subsidios, de quienes prestan servicios de
refugios para mujeres e hijos que viven en violencia extrema.
“No podía estar más
sorprendida por esta medida. En México las estadísticas de violencia en contra
de la mujer son alarmantes, y mientras yo dirijo este mensaje a ustedes, más de
una mujer en alguna parte de nuestro Estado está siendo agredida y violentada”,
subrayó,
Sin embargo, dijo, en días posteriores según información
disponible en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de
la Secretaría de Salud, informó que de nueva cuenta se reactiva la
convocatoria, la cual destina una bolsa presupuestal de más de 340 millones de
pesos.
Agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), en el país existen 83
refugios para mujeres, de los cuales 90 por ciento de ellos recibían dinero del
gobierno.
A la proposición se sumaron los legisladores Blanca Patricia
Ríos Hernández (PRI), Jorge Eugenio Núñez Lozano (PBC), Alfa Peñaloza Valdez
(PAN), María Trinidad Vaca Chacón (PAN), Rocío López Gorosave (PRD) y Claudia
Josefina Agatón Muñiz (PT).
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