Cero Grados.- El Diputado Román Cota Muñoz presentó un posicionamiento referente a realizar las gestiones necesarias que cumplan con el procedimiento legal para la reincorporación de los elementos despedidos o en su defecto su indemnización, correspondiente de los trabajadores del Sistema de Administración Tributaria, Delegación Baja California.Señaló el legislador del Partido Revolucionario Institucional que la defensa de los trabajadores en México ha sido primordial para la configuración de un Estado de Derecho sólido, en la cual se refleja la realidad, la cultura y nivel de desarrollo del país.
En su exposición de motivos, citó el artículo 123 de la Carta Magna, argumentando que, como es del conocimiento público, a principios del mes de diciembre de 2018, en medios de comunicación nacionales e internacionales se dio a conocer el despido masivo de trabajadores al servicio del gobierno federal, en lo particular en el SAT, tanto en oficinas centrales, como en las delegaciones de Baja California, Veracruz, Baja California Sur, Jalisco, Coahuila, Sinaloa, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos.
Indicó que, en ese momento las personas que fueron despedidas sin justificación alguna, exigían que se les diera una explicación por parte de las autoridades sobre este hecho, ya que, en la mayoría de los casos, se dio la misma modalidad en los despidos.
Luego resaltó que, en la actualidad, debido a los despidos injustificados, las dificultades para conseguir una cita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), convirtieron los trámites en una odisea, sumándole el problema de la pandemia, donde se le obligó al gobierno a priorizar distanciamiento social, con lo que se limitó el número de personas admitidas en espacios cerrados.
Agregó que se unieron para exhortar al SAT a resolver el problema de citas y la devolución de saldos a favor, las organizaciones siguientes: Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Barra Mexicana de Abogados (BMA), Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE), Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM) y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Finalmente, puntualizó que, ante la ausencia de soluciones reales en dicho ámbito, “es un compromiso de las autoridades, brindarles una solución pronta a miles de trabajadores y sus familias, las cuales se han visto afectadas de manera económica, y han tenido que soportar los embates que ha dejado el letargo en la recuperación nacional derivada por el efecto pandemia”. |
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