La opinión pública no da mucho crédito a que hubo un proceso irregular en contra de la francesa y considera que debe seguir en la prisión
Rosarito Informa.- En el caso del proyecto del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea sobre la
causa que se le siguió a la francesa Florence Cassez prevalece entre la mayoría
de los consultados
el deseo de castigo sobre la importancia de un proceso apegado a derecho. La opinión pública no da mucho crédito a la idea de que hubo un proceso irregular contra Florence Cassez y, aun si fuera el caso, se piensa que debe seguir encarcelada, pues se comprobó que era culpable de secuestros y, en tal caso, castigar a quienes actuaron mal en el proceso. Por ese motivo existe abrumadora oposición a que sea liberada como lo propone el proyecto del ministro Zaldívar, a causa de que no se le siguió un debido proceso, según se concluye de la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre el tema.
Ocho de cada diez encuestados consideran que Cassez debe seguir encarcelada, independientemente de que se procese o no a quienes la detuvieron si cometieron alguna violación de derechos contra ella. Concretamente, 51% piensa que no debe ser liberada (gráfico 1), pero que se enjuicie a las autoridades que procedieron a su detención por no haberle garantizado un juicio justo. Adicionalmente, 35% igualmente cree que ella debe mantenerse en prisión y sin someter proceso a las autoridades judiciales que la capturaron. Únicamente, 6% piensa que debe salir de la cárcel.
Esta postura de la población se explica en primer término por el hecho de que socialmente prevalece la creencia de que una persona ya sentenciada debe seguir encarcelada si su delito está probado, aun cuando se hayan violado sus derechos durante su detención (88%). En el caso Cassez, la opinión pública sigue convencida de que ella es culpable de los secuestros por los que se le sentenció (gráfico 2).
Además, se otorga baja credibilidad a la idea de que hubo irregularidades en todo el proceso contra Cassez (poco/nada cierto, 62%) y, en cualquier caso, se opina que las irregularidades que pudieron haberse cometido no ponen en duda la culpabilidad de esta ciudadana francesa (73%).
Ante el argumento de algunos analistas en el sentido de que liberar a Cassez sería positivo por el precedente que crearía para obligar a las autoridades judiciales a respetar los derechos de los ciudadanos detenidos y garantizar un juicio justo, la opinión pública rechaza que por este motivo se le excarcele –gráfico 5– (desacuerdo/en parte, 84%).
En la actualidad, la mayoría de la población sigue teniendo presente que Florence Cassez cumple una sentencia por el delito de secuestro (enterado, 72%). En cambio, es menos conocido el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende una petición de amparo de la defensa de la francesa para evitar la sentencia por la que está encarcelada: cerca de la mitad está enterada (47%) y se conoce que se propone su liberación por presuntas irregularidades al procesarla.
Saber que se revisa su caso y existen posibilidades de que sea liberada genera molestia entre la población
el deseo de castigo sobre la importancia de un proceso apegado a derecho. La opinión pública no da mucho crédito a la idea de que hubo un proceso irregular contra Florence Cassez y, aun si fuera el caso, se piensa que debe seguir encarcelada, pues se comprobó que era culpable de secuestros y, en tal caso, castigar a quienes actuaron mal en el proceso. Por ese motivo existe abrumadora oposición a que sea liberada como lo propone el proyecto del ministro Zaldívar, a causa de que no se le siguió un debido proceso, según se concluye de la encuesta telefónica nacional BGC-Excélsior sobre el tema.
Ocho de cada diez encuestados consideran que Cassez debe seguir encarcelada, independientemente de que se procese o no a quienes la detuvieron si cometieron alguna violación de derechos contra ella. Concretamente, 51% piensa que no debe ser liberada (gráfico 1), pero que se enjuicie a las autoridades que procedieron a su detención por no haberle garantizado un juicio justo. Adicionalmente, 35% igualmente cree que ella debe mantenerse en prisión y sin someter proceso a las autoridades judiciales que la capturaron. Únicamente, 6% piensa que debe salir de la cárcel.
Esta postura de la población se explica en primer término por el hecho de que socialmente prevalece la creencia de que una persona ya sentenciada debe seguir encarcelada si su delito está probado, aun cuando se hayan violado sus derechos durante su detención (88%). En el caso Cassez, la opinión pública sigue convencida de que ella es culpable de los secuestros por los que se le sentenció (gráfico 2).
Además, se otorga baja credibilidad a la idea de que hubo irregularidades en todo el proceso contra Cassez (poco/nada cierto, 62%) y, en cualquier caso, se opina que las irregularidades que pudieron haberse cometido no ponen en duda la culpabilidad de esta ciudadana francesa (73%).
Ante el argumento de algunos analistas en el sentido de que liberar a Cassez sería positivo por el precedente que crearía para obligar a las autoridades judiciales a respetar los derechos de los ciudadanos detenidos y garantizar un juicio justo, la opinión pública rechaza que por este motivo se le excarcele –gráfico 5– (desacuerdo/en parte, 84%).
En la actualidad, la mayoría de la población sigue teniendo presente que Florence Cassez cumple una sentencia por el delito de secuestro (enterado, 72%). En cambio, es menos conocido el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atiende una petición de amparo de la defensa de la francesa para evitar la sentencia por la que está encarcelada: cerca de la mitad está enterada (47%) y se conoce que se propone su liberación por presuntas irregularidades al procesarla.
Saber que se revisa su caso y existen posibilidades de que sea liberada genera molestia entre la población
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