El primer dictamen que se desahogó con 6 votos a favor y 0 en contra, fue
la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 235 y 236 del Código Penal
del Estado, con el objetivo de incrementar la pena de prisión al cónyuge que
incumpla con sus obligaciones de asistencia familiar, así como salvaguardar los
alimentos de los acreedores alimentistas.
La misma fue presentada por la fracción parlamentaria del PRI, PVEM y PT,
quedando el artículo 235 como sigue: “Al que injustificadamente no proporcione
los alimentos a las personas con las que tenga ese deber legal, aun cuando
estos, con motivo del incumplimiento del deudor alimentista, se vean obligados
a allegarse por cualquier medio de recursos para satisfacer sus requerimientos
indispensables, independientemente de que exista o no una determinación o
sanción judicial de un juez civil, se le impondrá prisión de dos a cinco años y
de veinte a sesenta días multa, así como suspensión o privación de los derechos
de familia, en relación con la víctima o el ofendido.
Los concubinos quedan
comprendidos en las disposiciones de este párrafo”
Otro de los dictámenes votados por unanimidad en la Comisión de Justicia,
es el que tiene que ver con la iniciativa de reformar el artículo 279 bis
inciso B del Código de Procedimientos Penales, con el propósito de impulsar la
reinserción social y el derecho al trabajo de todas aquellas personas que hayan
cometido un delito.
Fue presentada por el diputado del PAN Ricardo Magaña Mosqueda, y se
quiere con esta modificación a la ley que cualquier persona que haya cometido
un delito y por lo tanto purgado una pena en prisión, al momento del término de
la misma, el juez emita una orden a las instancias correspondientes para que
esta persona pueda obtener una carta de no antecedentes penales, y así poder
reincorporarse a la sociedad y a la vida
laboral más fácilmente.
Una iniciativa de reforma más propuesta por el diputado Magaña Mosqueda y
votada por mayoría, es la que modifica el artículo 12 fracción V de la Ley que
Regula los Servicios de Control Vehicular en Baja California, la cual pretende
que no se le cobre los servicios de baja vehicular, al propietario que haya
sido víctima del robo de su vehículo.
Presentada por el gobernador Guadalupe Osuna Millán y los diputados Marco
Antonio Vizcarra, Juan Montejano de la Torre y Lizbeth Mata Lozano, se votó con
6 a favor y 0 en contra, la modificación a diversos artículos del Código Penal
del Estado, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, relativos al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por último, se votó el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto
de decreto de los grupos parlamentarios del PEBC, PRI, PVEM y PT, por el que se
deroga el artículo 79 y se reforman los artículos 78 y 82 del Código Civil de
Baja California, los cuales contemplan cambios en la expedición de actas para
hijos nacidos fuera del matrimonio.
Durante
la sesión de la Comisión de Justicia, estuvieron presentes los
diputados Lizbeth Mata Lozano, Rosana Soto Agüero, Francisco Javier
Sánchez Corona, Marco
Antonio Vizcarra Calderón, Ricardo Magaña Mosqueda, Laurencio Dado
Alatorre y
Juan Montejano de la Torre.
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