La investigación inició con la denuncia que interpuso en junio pasado en Washington José Luis Moyá, quien durante años se ha dedicado a hacer acopio de los contratos que las distintas administraciones locales y federales han realizado de cerca de 30 mil automóviles y camionetas.
Según la denuncia, las transacciones indebidas rebasarían los 300 millones de dólares e implicarían operaciones de lavado de dinero.
En la denuncia, Moyá asegura que desde el año 2000 distintas autoridades mexicanas han adquirido vehículos de GM, Chrysler y Ford para habilitarlos como patrullas, pero que en lugar de adquirirlos en la planta –como ocurre en EU– se adquieren en las concesionarias de las firmas automotrices, en donde los precios son inflados con el argumento del acondicionamiento que se les tiene que hacer.
En la denuncia subraya que la corrupción consiste en que ciertas agencias distribuidoras se ven favorecidas con las licitaciones, previo acuerdo con funcionarios encargados de la adquisición.
Los autos son acondicionados con torretas, sirenas, cámaras de video, radios, entre otros aditamentos que son inflados en sus costos para obtener una ganancia ilícita que es compartida entre las autoridades y los vendedores, acusó Moyá.
Según la denuncia, para que los implicados puedan distribuirse el dinero, deben hacer operaciones de lavado de dinero en el que las armadoras podrían estar implicadas o afectadas, pues se desconoce si las agencias reportan la venta con el precio de lista, es decir, antes del acondicionamiento, o posterior a éste, ya con los precios inflados.
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