Rosarito Informa.-El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen y ratificó el rechazo a cuatro Iniciativas que dictaminó la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLPC).
En la sesión correspondiente a esta semana, los Congresistas aprobaron el dictamen número 133 de la citada Comisión Legislativa, relativo a Iniciativa de Reforma a las leyes: Orgánica de la Administración Pública; de la Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial, todas del Estado.
La Iniciativa aprobada fue presentada ante el Pleno por el Diputado Rubén Alanís Quintero, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y tiene como objetivo reformar los textos que hacen alusión a los mexicanos por nacimiento y a los mexicanos que se encuentran en pleno goce de todos sus derechos, con la finalidad de que no sean objeto de discriminación estos últimos.
Por otro lado, con el dictamen 134 de la CGLPC, que fue aprobado por 16 votos a favor y tres en contra de los Diputados Rubén Alanís Quintero, Lizbeth Mata Lozano y María del Rosario Rodríguez Rubio, del grupo parlamentario del PAN, se declaró como improcedente la Iniciativa que tenía como propósito generar reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. La intención de la Iniciativa es que todas las conductas que alteren el orden jurídico y patrimonial de la autoridad pública, reciban la sanción correspondiente. Sin embargo, en el análisis se encontraron diversos elementos que contravienen el marco jurídico federal y local, por lo que se dictaminó como improcedente.
De la misma manera, la Asamblea ratificó la negativa a la Iniciativa del Partido Nueva Alianza (PANAL), cuya intención era generar reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, a fin de dotarlos de facultades jurídicas para que el organismo pudiera realizar cualquier actividad lícita que le permitiera obtener ingresos o rendimientos. Este tema fue sometido a debate parlamentario con el dictamen número 135 de la misma Comisión Legislativa y fue aprobado de manera unánime, en el sentido negativo con que había sido dictaminado por adolecer de diversos elementos que contravienen el marco jurídico local.
En el mismo sentido se resolvió una Iniciativa de Reforma a la fracción III del artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que fuera presentada también por el PANAL, con el objeto de adicionar como requisito para la designación de jueces, que los aspirantes debieran tener, además del título de licenciado en Derecho o abogado, el título de maestría, con el fin de que Baja California cuente con profesionales con una alta capacidad innovadora, técnica y metodológica, así como una actitud crítica. Esta Iniciativa, que se debatió con el dictamen número 137 de la CGLPC, fue declarada improcedente en virtud de que transgrede preceptos legales tanto del ámbito local como federal, al violar el principio de jerarquía, con el hecho de adjudicarles más requisitos a los jueces locales, que los requeridos para ser Magistrado.
Finalmente se aprobó por mayoría el dictamen 139, en cuyo resolutivo se declaró improcedente la Iniciativa de reforma a la fracción IX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, la cual fue presentada por el grupo parlamentario del PAN, con el propósito de incorporar nuevos supuestos para la procedencia del juicio político, a partir del grado de participación o intervención de un funcionario público en los procesos electorales. Uno de los motivos para que se declarara improcedente la Iniciativa fue que el inicialista pretendía regular en la citada Ley lo que ya se contempla en la Ley de Procesos Electorales (LIPE), aunque los objetivos de una y otra son distintos.
El dictamen fue aprobado por 12 votos a favor, seis en contra de los Diputados Rubén Alanís Quintero, Lizbeth Mata Lozano, Máximo García López, Gustavo Magallanes Cortez, María del Rosario Rodríguez Rubio (PAN) y Francisco Sánchez Corona (PRD), además de la abstención del Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón.
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