Esta iniciativa tiene como propósito lograr la integración de las personas discapacitadas a la vida social y productiva sin obstáculos materiales y bajo un esquema de obligatoriedad para los propietarios de edificios públicos y privados, mismos que requieren modificar por mandato de Ley, sus accesos a las personas con discapacidad.
Cabe mencionar que dicha enmienda, se inspira en los Tratados Internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación federal y local.
La Legisladora mencionó que a diario vemos en las diferentes ciudades que conforman nuestra entidad federativa la construcción de edificios, tanto públicos como privados, con una imagen moderna e imponente; sin embargo, carecen de los elementos básicos para atender las necesidades de las personas discapacitadas.
Construcciones que inician con los permisos respectivos, pero sin normatividad obligatoria que exija y dirija los lineamientos estructurales para cubrir las necesidades de las personas discapacitadas. Problemas que en su conjunto obstaculizan las intenciones de integrarse a una vida social, productiva y escolar a todos aquellos que presentan algún impedimento físico.
En su exposición de motivos, consideró que es indispensable que los reglamentos expedidos por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como los reglamentos municipales expedidos por los Cabildos, cuenten con una perspectiva de inclusión a favor de estas personas.
Tal es el caso de las adecuaciones razonables en las instalaciones abiertas al público o de uso público, ya que en su mayoría presentan obstáculos y barreras para su acceso, una situación que vulnera los principios de igualdad de oportunidades, lo cual merma el goce de los derechos humanos a estas personas.
La legisladora Ayón Castro señaló que en la entidad existe una cantidad considerable de personas que carecen de medios físicos adecuados a sus necesidades para ingresar, incluso trasladarse, a escuelas o laborar en oficinas, fábricas o dependencias gubernamentales.
Carecen además de los apoyos para adquirir equipos o aparatos para atender sus necesidades específicas, enfrentando situaciones de discriminación y falta de oportunidades para el desarrollo educativo, laboral, cultural y deportivo, entre otros.
Por tal motivo, consideró que es de vital importancia la estructuración y fortalecimiento de la normatividad estatal, con el firme propósito de atender las demandas de las personas con discapacidad, creando como estrategia para alcanzar dichos propósitos, la instrumentación jurídica y lineamientos que unifiquen criterios para la mejor funcionalidad y acceso a sus escuelas, trabajos, centros deportivos o recreativo y aún, a sus propios hogares.
Resulta crucial para la inclusión de las personas con discapacidad de manera plena a la sociedad y a todos los aspectos de la vida, que las políticas públicas vayan encaminadas con un enfoque de inclusión y de accesibilidad que procuren la igualdad de oportunidades.
Esto debido a que una cantidad considerable de personas discapacitadas que intentan integrarse a la comunidad productiva o escolar argumentan los enormes obstáculos que enfrentan en su vida diaria como son: falta de rampas adecuadas para la silla de ruedas, escasez de estacionamientos especiales para discapacitados y sanitarios inaccesibles acorde a su problema físico, entre otros.
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