Rosarito Informa.-La diputada Cynthia Selene Ruiz Ramos exhortó al director
del Instituto de la Juventud de Baja California (INJUVE), Manuel Rudencio
García Fonseca a no solicitar cartas de extensión de responsabilidad a los
estudiantes del Valle de Mexicali y a que gestione la manera de tener más
camiones para brindarles un servicio digno y acorde a sus necesidades.
En su exposición de motivos, señala la inicialista que
cualquier persona que viaja en avión,
camión e incluso en transporte público, se encuentra asegurada como pasajero,
sin embargo dichos estudiantes no tienen más opción que utilizar el transporte
que el INJUVE pone a su disposición, pero se les condiciona su uso hasta que
firmen una carta responsiva.
Textualmente, la carta responsiva obliga a los usuarios a
aceptar que: “recae la responsabilidad en mi persona por cualquier suceso y/o
imprevisto que se llegara a presentar al momento de utilizar el servicio”.
Por ello, ¿Quién en el mundo utilizaría un medio de
transporte que te pida firmar algo así? ¿Qué tipo de gobierno le puede
condicionar un derecho a una persona dejándola en estado de indefensión ante
una catástrofe? ¿Qué tipo de gobierno puede ser tan cínico que abandone a su
población en “cualquier suceso y/o imprevisto que llegue a suceder al momento
de utilizar el servicio?, cuestionó Cynthia Ruiz.
Ante esta situación, consideró que el pedirles a los
estudiantes del Valle de Mexicali que renuncien a sus derechos, con tal de
prestar un servicio, “es un abuso del Gobierno del Estado ante la necesidad, es
discriminatorio y es vergonzoso”.
Agregó que este servicio, también conocido como “El
Comunder”, tiene un costo de mil trescientos cincuenta pesos por estudiante al
semestre, de forma completamente desproporcionada y recaudatoria, considerando
que “aún incluso cobrándoles, no pueden garantizarles su seguridad”.
Esto debido a que en las rutas en donde transita, los
accidentes son comunes y no se garantiza la integridad de sus usuarios, por lo
que es una bomba de tiempo para los jóvenes, que son la promesa para Baja
California, resaltó.
La legisladora expresó en su documento que: “el Gobierno del
Estado, obligando a los alumnos a renunciar a seguridad con tal de poder
estudiar, fomenta un piso desigual de oportunidades y vuelve a la
discriminación una política pública”.
A un estudiante que viva en la mancha urbana nunca se le ha
pedido que renuncie a sus derechos con tal de que se le actualice la garantía
de alguno, ¿Entonces por qué los estudiantes del Valle si se les pide que
pongan sobre la balanza su educación o su seguridad?
Puntualizó que en pleno siglo XXI, es vergonzoso encontrarse
con una actitud clasista, discriminatoria y abusiva, como la que enfrentan por
parte del gobierno los estudiantes del Valle de Mexicali.
Cabe mencionar que la propuesta de la diputada Cynthia
Ruiz, fue presentada ante el pleno en la
sesión de este jueves, por la diputada Margarita Macrina Corro Arámbula.
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