Rosarito Informa.-La Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC), Melba Adriana Olvera Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo y de vinculación interinstitucional con Fernando Ocegueda Flores, Presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos en Baja California.
Durante la reunión se realizó un análisis de seguimiento de la iniciativa ciudadana de la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California presentada, con el respaldo de la CEDHBC, por familiares de víctimas de desapariciones, tortura y otros hechos victimizantes, miembros de organizaciones de la sociedad civil, defensoras y defensores de derechos humanos e integrantes del sector académico ante el Poder Legislativo en febrero de 2016.
La Titular del Organismo Público Autónomo subrayó que es urgente contar con una Ley de Víctimas en el Estado, marco jurídico más sólido de protección a los derechos humanos de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos.
“Es necesaria la armonización de la Ley General de Víctimas en el Estado para que se atienda y garantice de inmediato la reparación integral del daño a las víctimas, tanto en asistencia médica, psicológica, jurídica, entre otros aspectos”, refirió.
Olvera Rodríguez señaló que las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos tienen derecho a una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; a ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones.
Asimismo, tienen derecho a que se les brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal; a ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de la Ley General de Víctimas; a solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación, entre otros.
Para finalizar, reiteró que el Estado de Baja California necesita contar con una ley de víctimas de violaciones a derechos humanos, con una Comisión Ejecutiva de Atención y un fondo de reparación para poder garantizar los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Cabe destacar que la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California se fundó en el año 2009 y está formada por familias de personas que han sido víctimas de secuestro, privadas de su libertad o desaparecidas.
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