Rosarito Informa.-El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por
unanimidad una reforma al artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, con la finalidad de que en los juicios de orden familiar, el desempeño
de los psicólogos o trabajadores sociales del Sistema del Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), no generen costo a las partes cuando el juez así lo
ordene.
La reforma
venía contenida en el dictamen número 75 de la Comisión de Justicia, propuesta
por el diputado Juan Manuel Molina García, quien en su exposición de motivos
explicó que cuando los cónyuges deciden el divorcio, se ven envueltos
generalmente en una pelea por la guardia o custodia del menor, situación en la
que existe la necesidad de la intervención de los psicólogos del DIF para dar
su opinión profesional sobre la veracidad de los hechos o de una situación.
Agregó que
su iniciativa va en el sentido de asegurar, en todo momento, la protección de
los niños en el difícil trance de la separación de sus padres, situación en la
que el Estado y la sociedad deben velar por la protección tanto física como
mental de ellos, y así garantizarles que no pierdan los lazos afectivos con sus
padres o abuelos, independientemente de que la pareja decida romper su unión.
Molina García dio a conocer que en pasadas administraciones,
el DIF muchas veces negó, dilató, cobró y obstaculizó la realización de
exámenes psicológicos o socioeconómicos necesarios para que el juez decidiera
la custodia, patria potestad, un traslado, una separación, medidas
provisionales y una serie de determinaciones fundamentales para la vida
familiar, lo cual retardó su resolución por el hecho de negarse el servicio por
parte de esos auxiliares de la justicia.
En ese sentido, una parte de la reforma del legislador de
Movimiento Ciudadano establece lo siguiente: “El desempeño de los psicólogos o
trabajadores sociales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Baja California no generará costo cuando el juez así lo ordene, tomando en
cuenta el interés superior del menor o la situación económica de las partes”.
Esta reforma aprobada el día de hoy por la XXI Legislatura
del Congreso local, será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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