jueves, 8 de septiembre de 2016

El dip. Alejandro Quiroga propuso una reforma para armonizar la ley de seguridad pública en materia de tortura

Rosarito Informa.-El diputado Alejandro Quiroga Corella propuso reformar la Ley de Seguridad Pública del Estado con la intención de adecuar su contenido en relación a la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La iniciativa propone reformar la fracción XXIV del artículo 133 de la citada ley y fue presentada a nombre de la bancada panista, durante la sesión ordinaria celebrada este día bajo la conducción de la diputada Mónica Bedoya Serna, presidenta de la Mesa Directiva de la XXI Legislatura.


“La presente iniciativa armoniza los principios constitucionales y legales que deben regir, conforme al marco de los derechos humanos, las actuaciones y conductas de los integrantes de las instituciones policiales” argumentó el inicialista en la tribuna.



 Dijo que esta armonización es conforme un mandato superior derivado del principio pro persona, previsto por el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero es también, acorde con la literalidad prevista por la mencionada convención, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984.

“Producto del tratado a que he hecho mención, se concretiza desde una perspectiva jurídico internacional, disposiciones encaminadas a prevenir, castigar y, en última instancia, erradicar todos aquellos actos que se manifiesten en dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, en contra de alguien para forzarlo a que dé información; confiese algo; sea castigado por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, intimidarlo o coaccionarlo”, añadió el diputado Alejandro Quiroga.

Precisó que esta iniciativa “aporta congruencia a los principios constitucionales y legales que sostienen el nuevo sistema de justicia que se ha implementado en nuestro Estado y País, por tanto su oportunidad y procedibilidad resulta incuestionable”.


La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis.

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