Cero Grados.-A la opinión pública:En respuesta al comentario aparecido este miércoles 30 de agosto del 2017 en la columna En Voz Baja del periódico La Voz de la Frontera, firmada bajo el seudónimo de Aquiles Tacho, y no sin antes empezar por agradecer por el generoso espacio brindado, considero necesario hacer algunas precisiones y aclaraciones.
De ello está enterado, y lo sabe bien, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, al igual que los compañeros diputados federales de su partido, con quienes impulsamos la ampliación de partidas presupuestales para Baja California en materia de salud, migración, educación, seguridad, pesca, turismo, etcétera.
Sin embargo, debe quedar claro que una posición como legislador, no limita nuestro derecho ciudadano de cuestionar el ejercicio de las autoridades, en especial sus omisiones en materia de seguridad, como es el caso en particular del Gobierno de Baja California, derecho que en nuestro caso, hemos ejercido siempre con respeto y con propuestas.
Pero, además, como representantes de una parte importante de la sociedad, somos receptores y conducto de las diversas expresiones que en ese sentido se han manifestado tanto de manera pública como directa y las más recientes, por cierto, del empresariado de Tijuana. No hacerlo, sería irresponsable y contrario a nuestro compromiso social.
Efectivamente, como también lo consigna Aquiles Tacho o quien esté detrás del seudónimo, es necesario revisar la cantidad, pero sobre todo las causas por las que los presupuestos para seguridad que ha recibido Baja California en los últimos años, se han reducido.
De esa revisión podemos anotar que la reducción, mínima por cierto, tiene que ver más con ineficiencias administrativas que con cualquier interés político que se le quiera atribuir.
La Auditoria Superior de la Federación ha dado cuenta puntual de ello, al señalar que después de seis años, el Gobierno del Estado de Baja California no ha podido aclarar el destino de por lo menos $2,922.5 millones de pesos ejercidos con recursos federales a través de diversos programas.
De esos casi $3 mil millones de pesos, $2,060 millones corresponden a los ejercicios comprendidos del 2011 al 2015, en tanto que la diferencia que suma $862.5 millones y representa casi una tercera parte del total, es tan solo del 2016.
Del Fondo para la Seguridad Pública (FASP), por cierto, la Auditoría Superior de la Federación derivó observaciones por $25.6 millones del 2011 al 2015, más $41.6 millones observados en el ejercicio 2016. En total $67.2 millones que siguen sin aclararse.
Si bien hay una reducción en los fondos para Seguridad Pública durante el primer semestre del año por apenas $6 millones, el Gobierno de Baja California recibió en los primeros siete meses de este año, $14 mil 480 millones en participaciones federales ($3 mil 300.1 millones más que el año pasado) que el Estado puede ejercer, previa aprobación del Congreso, en lo que considere necesario.
Lo cierto también, es que de manera constante los recursos federales continúan fluyendo para Baja California, estado que en los últimos 30 meses registró la mayor captación de participaciones desde que se lleva registro, sumando alrededor de 64 mil millones de pesos, según el reporte publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En pesos constantes, el Gobierno de BC recibió en 30 meses más de lo que se entregó a Eugenio Elorduy y José Guadalupe Osuna, juntos, en el lapso de sus respectivos gobiernos.
Por lo que respecta al periodo enero-julio de este año, Baja California continuó siendo la entidad con mayor crecimiento en Participaciones, con una captación de 14 mil 480.9 millones, un 22.6% más que en el mismo periodo del 2016.
En el comparativo con el resto de las entidades de la frontera norte, Baja California se colocó en segundo lugar en captación en el primer semestre del 2017, solamente atrás de Nuevo León y seguida por Chihuahua, Tamaulipas, Sonora y Coahuila.
Debe quedar claro entonces, y de ahí el propósito de este documento, que aunque a la administración estatal le resulte molesta nuestros señalamientos, seguiremos atendiendo y haciéndonos eco, literalmente, de las expresiones de malestar e inconformidad de una sociedad bajacaliforniana que comienza a rebasar los límites del hartazgo.
Que en cumplimiento a nuestro compromiso y responsabilidad seremos siempre puntuales de señalar, con respeto y siempre privilegiando la propuesta, todas las inacciones y presuntas desviaciones que la sociedad denuncie en el ejercicio de gobierno, pero igual seremos los primeros en reconocer los aciertos, cuando éstos se den.
Una cosa quiero dejar muy clara: Como diputada federal y más allá de las filias políticas, refrendo mi compromiso de acompañar a las autoridades de mi estado, cuando así lo requieran, en la búsqueda de más recursos para mejorar las condiciones de vida de los bajacalifornianos.
Pero de igual manera, reitero que mi responsabilidad inicial está con los bajacalifornianos que son, a final de cuentas, a quienes debo rendir cuentas y resultados; y aquellos que desde un anonimato difícil de ocultar, pretenden ensuciar con su lodo a quienes se atreven a denunciar públicamente sus ineficiencias e incapacidades para gobernar, solo han reiterado con sus ataques gratuitos lo fundamentado de las opiniones que hemos vertido.
Dip. Federal Nancy Gpe. Sánchez Arredondo.
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