Cero Grados.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) del Congreso local, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobó por unanimidad la adición de las fracciones XXVI y XXVII al artículo 49, así como una reforma a la fracción IX del artículo 83 de la Constitución del Estado, relativas al tema de la movilidad.
“XXVI.- Intervenir mediante el organismo de la administración pública paraestatal que determine la Ley, en la formulación y aplicación de programas de movilidad, priorizando el respeto a la dignidad humana y el transporte público, así como en la prestación y regulación de dicho servicio, conforme a la Ley de la materia.
XXVII.- Promover y fomentar el derecho a la movilidad, garantizando la seguridad vial del peatón, conductor, pasajero, así como el acceso a un transporte público y privado de calidad para los habitantes del Estado”.
Por otro lado, su propuesta de reforma a la fracción IX del artículo 83, el cual determina las facultades que les corresponden a los municipios, queda como sigue: “Instrumentar mecanismos de coordinación, cooperación y participación con las autoridades competentes en materia de transporte público, para mejorar y ampliar la calidad de la prestación de los servicios públicos de transporte, en los términos que fijen las leyes”.
Asimismo, la Cglpc avaló de manera unánime una iniciativa del legislador Rodrigo Aníbal Otáñez Licona (PBC)), mediante la cual se adiciona un párrafo al artículo 7 de la Constitución local, mismo que habla sobre los derechos de los ciudadanos que habitan en Baja California, para inscribir lo siguiente:
“El disfrute de una movilidad segura en las vialidades del Estado es un derecho que tiene toda persona. La Ley establecerá las bases, programas, y autoridades competentes para garantizar la seguridad vial del peatón, conductor y pasajero, en las distintas modalidades del transporte público o privado, incluyendo el no motorizado”.
En la misma sesión de la Comisión, realizada en la sala “Francisco Dueñas Montes” del Poder legislativo y donde estuvieron presentes sus diputados integrantes Juan Manuel Molina García, presidente; Rosina del Villar Casas, secretaria, y los vocales Gerardo López Montes, Julio César Vázquez Castillo, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Eva Griselda Rodríguez y Julia Andrea González Quiroz, se aprobaron también tres acuerdos.
Por el primero de ellos se determina emitir una convocatoria para la designación de un integrante del Comité Seleccionador del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que uno de ellos renunció; asimismo, mediante el segundo y el tercer acuerdo se establece declarar desiertas las convocatorias emitidas por la pasada Legislatura para la designación del titular del Órgano de Control Interno de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y del titular del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, respectivamente.
Dichas cancelaciones se deben, explicó el diputado presidente de la Cglpc, a que se encuentran extraviados documentos importantes de los últimos dos procesos de designación arriba mencionados, y que no fueron entregados por la Comisión de Gobernación de la XXII Legislatura, lo que imposibilita seguir con esos procesos. En ese sentido, informó que la Comisión de Gobernación de la XXIII Legislatura emitirá nuevas convocatorias para tales puestos.
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