Cero Grados.-Con el propósito de establecer que las empresas
que contraten a personas liberadas del Centro Penitenciario estatal, queden
exentas del pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que les
corresponda cubrir por estos empleados, la diputada Loreto Quintero Quintero,
en conjunto con el legislador Luis Moreno Hernández, presentó ante el Pleno una
iniciativa de reforma a las leyes de Fomento a la Competitividad y Desarrollo
Económico y de Hacienda, ambas del Estado.
La legisladora dio a conocer que la Entidad ocupa, según la
Conapo 2019, el primer lugar nacional con la tasa más alta de personas en
situación de reclusión, ya que 333 personas se encuentran privadas de su
libertad por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa media nacional es de
158 internos. Igualmente, expresó que es el tercer Estado con mayor porcentaje
(11.69 por ciento) de personas que ingresan a los centros penitenciarios por
reincidencia delictiva, según el Inegi 2019.
“Es por ello que favorecer que hombres y mujeres que
obtienen su libertad y salen de un centro penitenciario encuentren un empleo
digno, se traduce en mejores oportunidades de reinserción social para dichas
personas, a fin de que en lugar de volver a delinquir causando daños personales
y materiales a otros, se dediquen a trabajar y contribuir a una vida
productiva”, subrayó Quintero Quintero.
Agregó que una menor reincidencia delictiva contribuye a una
sociedad más segura, al disminuir los delitos y el número de víctimas, sin olvidar
los costos que representa para las finanzas públicas la manutención de los
centros penitenciarios.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
de la XXIII Legislatura afirmó que las personas que han sido privadas de su
libertad por la comisión de un delito y han compurgado su pena u obtenido
anticipadamente su libertad vía algún beneficio penitenciario, son marginadas y
estigmatizadas de diversas maneras en los procesos de búsqueda de empleo,
sufriendo con ello una doble sanción por los hechos pasados en que se vieron
involucrados.
Primero, por la negativa de los empleadores a contratarlos
para ejercer diversas actividades, prohibiciones que en algunas casos provienen
de la propia regulación de la actividad a desarrollar; en segundo lugar, por la
actitud o prejuicios de los reclutadores o personal de recursos humanos de las
empresas, que provocan el rechazo a solicitantes de empleo con este estigma, y
finalmente, por la autoexclusión de las propias personas que han pasado por el
sistema penitenciario, anticipándose a una negativa a acceder a un empleo.
Por lo anterior, argumentó la necesidad de crear condiciones
desde el ámbito legislativo para vencer dicho estigma, e impulsar la
participación del sector privado para que cada día más empresas sean
laboralmente incluyentes con este sector
vulnerable, incentivándolas fiscalmente para dar empleo formal a personas que
han sido liberadas de un centro penitenciario, con la finalidad de facilitar su
reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia de los
externados.
“La idea central de esta propuesta es, en términos
sencillos, que cuando una persona obtenga su libertad encuentre condiciones y
opciones para ganarse la vida honestamente, dentro de la legalidad”, concluyó.
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