Por Hugo Isaac Rea Torres
Rosarito Informa.- La renuncia presentada por Jesús Alberto Capella Ibarra a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal el pasado 15 de marzo para que se hiciera efectiva el 20, motivada por una investigación ministerial, fue “congelada” por el alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, en espera del regreso de Israel del gobernador, José Guadalupe Osuna Millán, para “negociar” la acción judicial.
Capella Ibarra ha manifestado que la averiguación previa 1039/12/211-AP que existe en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales por los delitos de abuso de autoridad, lesiones, privación ilegal de la libertad y lo que resulte en su contra, “es un complot de un grupo de policías que no me quieren en la corporación”.
La administración municipal se ha visto envuelta en una serie de escándalos que han trascendido a la opinión pública, y el de Capella Ibarra es uno que el presidente municipal trata de ocultar con una cortina de humo pese a la presión que han estado ejerciendo connotados empresarios locales para provocar que se haga efectiva la salida de Capella Ibarra de la SSPM.
Ha habido algunos miembros de la iniciativa privada que se han pronunciado por el regreso de Gustavo Huerta a la titularidad de la dependencia, pero el militar retirado tiene planes de aceptar alguna de las tres invitaciones que ha recibido de igual número de entidades federativas.
En el contexto de este tema ha habido representantes de medios de comunicación que se han erigido como defensores a ultranza del aún jefe de la policía preventiva de Tijuana, sin embargo, al funcionario le rodean una serie de situaciones que han atentado contra las garantías elementales de muchos tijuanenses que piden sin ser escuchados su salida.
ANTECEDENTES
Las autoridades judiciales de Baja California están integrando la averiguación previa 1039/12/211 AP en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, Alberto Capella Ibarra, por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y lo que resulte, luego de haber detenido y golpeado injustificadamente a unos ciudadanos a los que acusó de robo domiciliario.
El hecho se registró el 30 enero y la denuncia de los quejosos fue presentada el día 31 del mismo mes ante la recepcionista de quejas del ministerio público de la agencia especializada en delitos patrimoniales, Diana Portugal Vázquez.
En la versión de los denunciantes se establece que al salir de un establecimiento Oxxo del fraccionamiento Playas de Tijuana, agentes preventivos a bordo de una patrulla de la policía municipal los detuvieron para cuestionarlos sobre la actividad a la que se dedicaban y, pese a decirles que su labor es la de jardinería y limpieza de residencias en la zona, los policías municipales los subieron a la unidad y se los llevaron a las instalaciones de la corporación ubicadas en la Zona Norte (Sección Patrullas o Fuerzas Especiales).
Ya estando en ese lugar, estaban siendo “interrogados” por los agentes preventivos para que “dijeran la verdad” sobre su presunta responsabilidad en los hechos delictivos que les achacaban, principalmente el de robo domiciliario.
Fue en esos momentos cuando hizo acto de presencia en el lugar Alberto Capella Ibarra, quien pidió a sus subalternos que le permitieran seguir con el “interrogatorio” para lo cual utilizó un tubo de aluminio con el que golpeó en diferentes partes del cuerpo a los detenidos, causándoles lesiones de diverso tipo en tórax, brazos, piernas y cara.
Al no con seguir su objetivo de que se declararan culpables de lo que se les acusaba y usarlos como “chivos expiatorios”, fue cuando dejaron salir del lugar a Francisco Rafael Vázquez Blanco, quien se dirigió de inmediato a casa de sus patrones para narrarles lo ocurrido. Los otros dos detenidos hasta la fecha no se sabe de su paradero.
En virtud de la hora, fue hasta el día siguiente cuando empleado y patrones decidieron ir ante las autoridades ministeriales a interponer la denuncia correspondiente.
Luego de eso, María del Rosario Casillas Ramírez, titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Patrimoniales, citó para el 22 de febrero al quejoso y a su testigo de nombre Uriel para que declararan sobre lo ocurrido el mencionado día, sin embargo, el asunto “se atoró” en esa parte, pues la empleada de la mencionada agencia es hija de Obdulio Portugal, amigo del secretario de Seguridad Pública Municipal, quien le avisó sobre la investigación en su contra y solicitaron que “se extraviara” el expediente para “congelar” el caso.
Durante el tiempo transcurrido, Capella Ibarra se ha dedicado a intimidar mediante llamadas telefónicas y presencia policíaca al denunciante, para que se desista de continuar con el caso, pero la familia para la que trabaja es conocida en la ciudad y tiene influencias que el funcionario no pudo parar y son ahora los que han decidido continuar con el asunto.
Cabe mencionar que Capella Ibarra le ha dado por comentar que “ha sido requerido por el candidato del PRI a la presidencia de la república, Enrique Peña Nieto, para que le coordine lo relacionado a su seguridad personal”, versión con la cual pretende evadir la acción de la justicia.
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