miércoles, 18 de abril de 2012

Sin derechos ni seguridad social trabajadores de la construcción

Rosarito Informa.-Pascual Franco Pérez trabajó décadas como obrero de la construcción, pero no lo suficiente para asegurar su futuro cuando decidiera retirarse.

Pasó de obra en obra y en múltiples ocasiones estuvo inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuyo servicio utilizó muy pocas veces, pero ahora que lo necesita no tiene ese derecho porque el registro fue por cada contrato.



No ha cumplido 60 años, pero las enfermedades le minaron la salud y el cuerpo; padece diabetes y le amputaron una pierna y tampoco mueve el brazo izquierdo. Vive de la caridad porque su familia lo dejó y afirma que los “amigos” ya no lo visitan desde que se volvió abstemio.

“Yo soy albañil, pero como me dio la diabetes me cortaron esta pierna, pero obviamente que así no puedo trabajar, con la pata mocha ya no, pero ese era mi ‘jale’… este… albañil” expresa Pascual Fraco. 

Afirma que de haber mantenido el Seguro Social su situación sería diferente, pero nunca consideró que fuera un derecho, al igual que Martín, para quien la prioridad es tener trabajo, aunque sea sin prestaciones.

“Seguro, nada… sin trabajar nada. -¿Estarías de acuerdo en que les den Seguro Social y tengan siempre Seguro Social? –Sí, pero no dan aquí. -¿Pero qué haces cuando se enferma tu familia? –Yo nada, puro comprar pastillas”, cuenta Martín, quien también es albañil. 

El diputado federal Gastón Luken Garza presentó una iniciativa en el Congreso de la Unión para que los trabajadores de la construcción o albañiles mantengan la protección social más allá del tiempo que se prolonga alguna obra

Consiste en que las cuotas que pagan durante el periodo que dura una relación laboral sean etiquetadas para que cuando concluya su contrato estén protegidos con lo que ya pagaron, de acuerdo con lo señalado por el legislador.

Las cuotas se irían a un fondo de reserva a fin de que no se utilicen en otros programas, dijo Luken Garza al reconocer que actualmente no hay una ley de protección para los cerca de 5 millones de trabajadores de la construcción que se estima existen en el país.

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