miércoles, 6 de mayo de 2015

Aprueban incluir el desarrollo integral de los adultos mayores en la ley de planeación del estado

Rosarito Informa.-La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC), que preside el diputado Roberto Dávalos Flores, aprobó por unanimidad una iniciativa con proyecto de decreto, con el fin de adicionar una fracción octava a la Ley de Planeación de Baja California, donde se establezca la atención y el desarrollo integral de las personas de la tercera edad.

            El inicialista es el diputado Felipe de Jesús Mayoral Mayoral del PBC, quien en su exposición de motivos refirió que la reforma va dirigida a que el gobierno estatal incluya al adulto mayor en un principio de bienestar social, lo cual permee sus políticas públicas y la planeación de las mismas conforme a la ley correspondiente.
            Por otro lado, este órgano legislativo del Congreso del Estado avaló con cuatro votos a favor y cero en contra, una minuta enviada por el Senado de la República donde se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de México, en materia de combate a la corrupción.
            En dicha minuta viene estipulado que se atribuyen facultades al Senado para legislar y crear la ley general que establezca las bases de coordinación del 
Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En ese sentido, se crea el SNA como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

            Asimismo, se crea un organismo constitucionalmente autónomo denominado “Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción”, el cual será integrado por ciudadanos que estarán en el cargo por siete años, sin posibilidad de reelección; además queda establecido que las entidades federativas deberán crear sus propios organismos locales.
            Entre otras cosas, también se amplían las facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que cambia su nombre a “Tribunal Federal de Justicia Administrativa”, para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
            Durante la reunión de trabajo de la CGLyPC estuvieron presentes los diputados Roberto Dávalos Flores, presidente; Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, quien fungió como secretario; y los vocales Miriam Ayón Castro, René Mendívil Acosta y Cuauhtémoc Cardona Benavides.

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