Rosarito Informa.-Las fracciones parlamentarias de los nueve partidos políticos representados en el Congreso del Estado emitieron en el Pleno, por separado, sus respectivos posicionamientos ante el Segundo Informe de actividades del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el cual fue recibido esta mañana por la nueva presidenta de la Mesa Directiva, diputada Irma Martínez Manríquez, de manos del secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez.
En primer término correspondió al diputado del PES, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, dar a conocer su posicionamiento, quien dijo que habrá de poner énfasis en la revisión de temas como la seguridad pública, por ser uno de los ejes principales, así como el de la protección civil, donde revisará si los esfuerzos y recursos destinados son suficientes para garantizar a la población la protección y cuidado de su integridad física y la de sus bienes ante los inevitables embates de la naturaleza.
Exhortó al Ejecutivo “para que dentro del marco de coordinación interinstitucional, continuemos vigilantes para que los fallos que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no vulneren la soberanía de nuestro Estado, como ha ocurrido con casos recientes, en los cuales la Suprema Corte ha resuelto temas que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde legislar y determinar a los Estados de la república”.
Por su parte el representante popular del PRD, legislador Roberto Dávalos Flores, aseguró que se requiere robustecer la economía del Estado en su sector primario, como es en la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, donde ha habido una inversión estatal muy por debajo de la hecha durante 2013 en la administración anterior. Además, pidió más inversión en obra pública, con el fin de generar empleos para los bajacalifornianos, y en seguridad donde, dijo, hubo una disminución de 300 millones con respecto al ejercicio fiscal 2013.
Fausto Gallardo García, del PVEM, refirió que tras dos años de la presente administración estatal reconocía sus esfuerzos, pero también la necesidad de señalar donde se ha quedado a deber en temas relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad pública y el desarrollo económico. En ese sentido, indicó que está pendiente la expedición del Reglamento de Operación de los Fondos Ambientales y la designación del titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente.
Asimismo, expresó que la calidad del aire también es otro tema aplazado por el gobierno estatal, así como acciones más efectivas para combatir la rickettsia, el robo a casa habitación y en comercios, y los delitos de alto impacto que están en aumento. "Estos son tal solo unos ejemplos de asuntos que no han sido debidamente atendidos, y que pueden sumarse a otros más, pues Baja California es un Estado en constante crecimiento, por lo que no es admisible el relajamiento por parte de las autoridades”.
El asambleísta del Partido del Trabajo, Juan Antonio Sánchez Zertuche, se comprometió a analizar el Segundo Informe con suma responsabilidad y objetividad, con el fin de realizar una crítica propositiva. Señaló que como partido, no estaban de acuerdo con el desempeño del gobierno estatal en el rubro del combate a la pobreza, la cual ha aumentado significativamente en Tijuana, Mexicali y el sur de Ensenada. Sostuvo que la Secretaria de Desarrollo Social ha sido ineficiente e incapaz de implementar políticas públicas correctas.
Sánchez Zertuche expresó que “otro rubro que queremos mencionar como pendiente, es el de suministro de agua potable al municipio de Ensenada. Hasta el momento y a pesar de múltiples promesas, más del 50 por ciento de los hogares del puerto siguen sin contar de manera cotidiana con el vital líquido; a esto hay que sumarle la ineficiente operación y atención a los usuarios de parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la que presenta un evidente descuido e incapacidad de quien la dirige”.
Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, del PBC, dijo que “en el Partido de Baja California reconocemos primeramente la gran labor de trabajo institucional, lo que ha llevado a construir una relación sólida y de cooperación armónica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. En ambas instancias de gobierno se ha privilegiado el diálogo, respetando cada quien sus esferas de competencia y coadyuvando en favor de la sociedad mediante las atribuciones y obligaciones que a cada poder en el Estado de Baja California le otorga y garantiza nuestra Constitución y las leyes”.
En cuanto a la labor de gestión pública que realiza el gobierno estatal frente al federal, argumentó la necesidad de hablar, por un lado, sobre la reivindicación del federalismo para que se reconozca y respete la soberanía del Estado; por otro lado, sobre el centralismo agobiante que ha generado estragos debido a la toma de decisiones de políticas públicas federales que han afectado a la ciudadanía, como el incremento al IVA, la restricción del dólar y el alto costo de la luz, entre otros.
En representación de Movimiento Ciudadano, el diputado Alcibíades García Lizardi manifestó: “Refrendamos nuestro compromiso de continuar por la ruta de la crítica propositiva, de continuar siendo una oposición responsable y constructiva. Daremos puntual seguimiento a los datos y cifras contenidas en el Informe de Gobierno, con la certeza de que habremos de señalar errores u omisiones que detectemos. Daremos cuenta de los avances y logros que se reporten, acompañando siempre nuestras observaciones con una propuesta de solución, y refrendando en todo momento nuestra disposición a trabajar conjuntamente por el bien de Baja California”.
En ese sentido, dio a conocer un incipiente y modesto repunte en el crecimiento económico y una limitada vocación productiva industrial en la entidad, así como rezagos en el turismo, una economía rural dejada en manos de grandes empresas agroindustriales y aumento de la pobreza en la población, donde dijo que los resultados del CONEVAL preocupan profundamente por la persistencia de cifras elevadas de pobreza extrema, asociadas a la incapacidad de elevar o redistribuir el ingreso en Baja California.
El legislador del Panal, José Alberto Martínez Carrillo, reflexionó sobre la existencia de graves pendientes en el rubro de “Educación para la Vida”. Lamentó que haya delicados asuntos por resolver que, incluso, atentan contra la dignidad de los maestros que entregaron la vida al servicio profesional docente y no han recibido la merecida jubilación. Informó que, actualmente, existen 2420 jubilaciones de maestros en espera de ser desahogadas, así como un importante rezago del pago de maestros interinos y un atraso en la asignación de plazas para cubrir las vacantes de maestros que fueron retirados del servicio.
“Por parte del Gobierno del Estado hemos visto y vivido una completa y total insensibilidad para solventar esta grave crisis, por lo que exigimos una pronta resolución; es tiempo de que el trato justo a los compañeros del gremio magisterial, sea una prioridad para el Poder Ejecutivo”, apuntó. En cuanto al tema de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, aseveró que existe una falta de sensibilidad y atención del secretario de Protección al Ambiente a los temas que se le han planteado para solucionar, lo cual ha generado un gran descontento por parte de los bajacalifornianos preocupados por este asunto.
Por parte del PRI, el diputado René Mendívil Acosta acusó que “de nada sirve informar que ‘vamos bien’ con carteleras y despliegue publicitario, cuando a la gente le va mal, cuando padece el desplome de las inversiones públicas, el derrumbe del índice de productividad, cuando sufre porque los criminales campean libremente por las calles y que la pobreza crece constantemente en Baja California”, además de reclamar la falta de una estrategia clara en el combate a la pobreza alimentaria o hacia problemas de desarrollo económico y de salud, como la proliferación de la ricketssia y las adicciones.
En ese sentido, subrayó que “categóricamente dudamos de la cifra que aparece en carteleras respecto a que el 99 por ciento de los bajacalifornianos gozan de seguridad social, pues según el gobierno estatal sólo una persona de cada 100 no tiene protección social o cobertura de las necesidades socialmente reconocidas como jubilación, pensión o servicios médicos, por citar algunos”. En cuanto al bajo crecimiento económico, mencionó que ha fluctuado entre el -2.8 por ciento y el 3.6 en el último año y medio, además de que la deuda pública pasó del 1.3 por ciento, en 2005, al 3.4 a diciembre de 2014 como porcentaje del PIB estatal.
“Para Acción Nacional, este segundo informe del gobernador es una extraordinaria oportunidad para fortalecer y retomar el rumbo de nuestro Estado”, sostuvo el coordinador de la bancada del PAN en la Vigésima Primera Legislatura, diputado Gustavo Sánchez Vásquez, al externar su posicionamiento en torno al documento donde se consigna el estado que guarda la administración estatal del Ejecutivo, Francisco Vega de Lamadrid.
Sánchez Vásquez dijo que el informe “habrá de ser analizado con acuciosidad en el seno de la comisión legislativa a la cual compete, para hacer un buen balance de los logros informados”. Sin embargo, adelantó que los integrantes de la XXI Legislatura han mantenido una intensa y fructífera cooperación, reflejada en el bien común de los ciudadanos y aseveró que desde el Poder Legislativo se ha logrado atender las crecientes necesidades prioritarias de la entidad.
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