Rosarito Informa.-La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y
Tecnología de la XXI Legislatura, diputada Irma Martínez Manríquez, presentó
una iniciativa de reforma con la finalidad de establecer la prohibición de
cobros por concepto de reinscripción, en las escuelas particulares que impartan
educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
La propuesta, que fue presentada a través de oficialía de
partes del Congreso local, propone reformar los artículos 78 y 87 de la Ley de
Educación del Estado, para establecer que las personas físicas o morales que
impartan educación con reconocimiento de validez oficial deberán inscribir al
alumno en el ciclo escolar siguiente, sin costo de reinscripción.
Asimismo, se adiciona una fracción VI al mismo artículo para
adjudicarle a los centros escolares particulares la obligación de “facilitar y
colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las
autoridades competentes ordenen”.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, la diputada Irma Martínez afirmó que el derecho a la educación “es vértice y a la vez el sumario de todos los derechos humanos”.
“La educación es la clave que posibilita el ejercicio de los
demás derechos, tanto de los civiles y políticos (los derechos de la libertad)
como de los sociales, económicos y culturales (los derechos de la igualdad)”,
estableció para luego mencionar que en el escenario internacional este derecho
se ha constituido en un referente esencial para promover y evaluar las
obligaciones fundamentales de los Estados miembros con respecto a la educación,
por lo que crecientemente se le reconoce como el punto de partida y el
fundamento último de las políticas educativas de los Estados.
Asimismo refirió que para hacer efectivo esta derecho, el
artículo tercero constitucional establece la obligación, a cargo del estado, de
impartir educación preescolar, primaria, secundaria y media superior en forma
gratuita; y, en segundo lugar, determina la obligación de todos los habitantes
consistente en cursar y hacer cursar a sus hijos la educación básica.
Pero – reconoció- sabemos que brindar servicios de educación
con la calidad y cantidad que demanda una población tan extensa como la
mexicana, equivale a un desafío que las instituciones púbicas no se encuentran
en condiciones de enfrentar de manera unilateral, por lo que resulta
indispensable la participación de los particulares”.
Y aunque dijo que la regulación de la materia educativa es
abundante, señaló que ello no ha sido suficiente para que en algunas escuelas
privadas se cometan abusos y prácticas comerciales que atentan contra la
economía de las familias y de los usuarios de estos servicios, y añadió que una
de estas prácticas está constituida por el cobro que realizan estas escuelas en
concepto de “reinscripción” a aquellos alumnos que, proviniendo de la misma
matrícula escolar del ciclo anterior, deben pagar para poder continuar en el
ciclo lectivo inmediato siguiente.
Ante este escenario, la diputada Irma Martínez propuso la
reforma que será turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Vigésima Primera Legislatura del Estado, con el propósito de
analizarla para su posterior dictaminación.
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