Rosarito Informa.-El diputado José Alberto Martínez Carrillo expuso ante el
Pleno del Congreso local, la problemática que acontece actualmente en el límite
sur del Estado donde el Grupo Minero México tiene instalado el complejo minero
“El Arco”, y del cual los pobladores y ejidatarios de la zona se quejan de un
“claro abuso de la influencia y recursos que esta megaempresa despliega donde
se instala, como la compra de terrenos a precios ridículos y a la fuerza, e
incumplimiento de compromisos y acuerdos de obras y recursos para los
propietarios de las tierras”.
El legislador del Partido Nueva Alianza (Panal) explicó que
los pobladores y los miembros de los ejidos de la zona, particularmente de “El
Costeño”, no se oponen al proyecto de la minera, pues dicen es necesario para
el desarrollo de la región y crea oportunidades para todos ellos.
Aparte de lo anterior, relató que la empresa minera quiere
pagar a los ejidatarios un precio irrisorio por las tierras de la zona conocida
como “El Costeño”, además de que el acuífero correspondiente al “Llano del
Berrendo” (que pertenece a la Cuenca San Luis y es fuente de agua para los
pobladores), está vedado hoy en día para los ejidatarios, ya que Conagua les
impide la extracción y la empresa ha recurrido a un litigio formal ante esa
dependencia federal para impedir que alguien más pueda usufructuar el acuífero.
Por todo ello el diputado José Alberto Martínez, presidente
de la Comisión de Medio Ambiente de la XXI Legislatura local, propuso exhortar
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que brinde la información completa
y detallada de todo tipo de autorización
otorgada y por otorgar a la empresa minera de “El Arco”, respecto de los
propósitos actuales y futuros que tengan impacto en la región, así como la aplicación rigurosa de los criterios
necesarios para revisar y decidir cualquier autorización expedida y por expedir.
Asimismo, una solicitud a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) para que “nos proporcione el rigor de la aplicación de la Ley para la
explotación de los acuíferos de la región, a su vez nos brinde la información
completa, detallada y sin tardanzas sobre el estado que guarda el litigio al
que la minera recurrió y que involucra al acuífero del Llano del Berrendo y la
Cuenca San Luis, el padrón de usuarios
del acuífero del Llano del Berrendo y saber
que proceda inmediatamente a constituir el Comité Técnico de Aguas
Subterráneas del acuífero del Llano del Berrendo”.
Por último, hizo un llamado a la “Procuraduría Agraria para
realizar con efectividad y compromiso
con los núcleos agrarios, la defensa de los intereses de las comunidades frente
al despliegue de fuerza e influencia de la minera, a fin de evitar la
imposición de criterios de venta forzada a precios irrisorios de las tierras
del ejido `El Costeño´, así como revisar
las condiciones de los contratos de compra venta que la minera impuso a los ejidos
Independencia y Confederación Nacional Campesina en 2005 y 2007, para detectar
la eventualidad de abusos y procesar ante el Tribunal Unitario Agrario un
posible procedimiento de `Nulidad de Contrato´”.
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