Rosarito Informa.-La fiscalización del gasto público, constituye un
instrumento de gran utilidad para que cualquier gobierno haga un mejor uso de
los recursos, es una inversión con alto rendimiento social que coadyuva a
erradicar la corrupción, la cual se detona principalmente por la
discrecionalidad en el ejercicio público, indicó el diputado David Ruvalcaba
Flores.
Resaltó que la labor fiscalizadora, es parte indispensable
de un sistema regulador en el que se debe señalar, oportunamente, las
desviaciones normativas y las violaciones a los principios de legalidad,
eficacia y economía en la gestión gubernamental.
De ahí que se enfoque en la atención del uso racional y
eficiente de los recursos públicos y en el fomento de las mejores prácticas en
los procesos gubernamentales, expresó el Coordinador del Grupo Parlamentario
del PRI al presentar ante el Pleno, una
Iniciativa de reforma al artículo 90 de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California y 108 de la Ley de Fiscalización Superior de los
Recursos Públicos para el Estado.
Esta iniciativa que presentó el legislador a nombre de las
fracciones del PRI, PVEM, PT y PES tiene como fin otorgar autonomía
presupuestal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California.
Ruvalcaba Flores señaló que dicho Órgano, debe auditar las actividades gubernamentales,
sus autoridades administrativas y las diversas instancias subordinadas y su
alcance, e incluye a todas las entidades integrantes de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y Municipios, así como los Órganos Constitucionalmente
Autónomos y cualquier persona moral o física que gestione recursos públicos.
De ahí que, en la efectividad de la fiscalización de los
recursos públicos es donde radican las bases para que la ciudadanía, exija que
los servidores públicos rindan cuentas de los dineros manejados y de los
resultados de su actuación, expuso.
Luego precisó que a través de la legislación, las distintas
fuerzas políticas, establecen ciertos grados de control, injerencia o
condicionamiento sobre órganos que realizan funciones que paulatinamente se han
ido especializando y desprendiendo de su órbita de influencia, pero que por la
función que realizan, son trascendentales para la dinámica del poder.
Es por lo anterior que se comenta, que si bien es cierto,
actualmente el Órgano de Fiscalización goza de autonomía técnica y de gestión para
la toma de decisiones y la administración de los recursos, también debe de
disponer del presupuesto suficientes para el cumplimiento de su función
fiscalizadora.
Por ello consideró apremiante, que en la consecución de este
fin, otorgar autonomía presupuestal al Órgano de Fiscalización para garantizar
que las asignaciones no dependen de la aprobación del Poder Ejecutivo,
inclusive de este Poder Legislativo.
“Nuestra obligación como integrantes de este Congreso, es
propiciar los consensos que sean necesarios para garantizar la protección suficiente contra cualquier posible
injerencia en la autonomía de esta
atribución fiscalizadora”, indicó.
Para ello, es de vital importancia y notoria urgencia,
realizar las gestiones conducentes, para que se otorgue a partir del ejercicio
fiscal de 2017, un porcentaje del Presupuesto de Egresos del Estado de Baja
California, para fortalecer el proceso de fiscalización de las cuentas
públicas, con lo cual se garantice dotar al Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Baja California, de los recursos necesarios para el desarrollo de
su alta atribución, concluyó.
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