Rosarito Informa.-La diputada Mónica Bedoya Serna presentó una iniciativa para
reformar la fracción III del artículo 22 de la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado (TCA), con el propósito de dar certeza
jurídica a los servidores públicos que sean sancionados por los órganos de
control de los poderes Legislativo y Judicial.
La iniciativa fue depositada por la legisladora en la
Oficialía de Partes del Congreso del Estado con el objeto de que se precise que
las salas del TCA tendrán competencia para conocer, entre otros aspectos, de
los juicios que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas
que emita la Administración Pública del Estado, los Municipios y Organismos
Descentralizados, con motivo de la aplicación de sanciones por responsabilidad
administrativa, con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.
Con ello –explicó la diputada Bedoya Serna- se otorga
claridad y certeza jurídica a los servidores públicos que sean sancionados por
los órganos de control de los poderes Legislativo y Judicial –en este último
caso también cuando sean dictadas por el Consejo de la Judicatura del Estado-,
para tener conocimiento acerca de cuál es la autoridad competente para conocer
y resolver sobre la legalidad de la resolución emitida al efecto, respetándose
de esta manera los derechos humanos del debido proceso y de acceso a la
justicia.
Además, precisó la inicialista, la modificación es acorde
con lo dispuesto en los artículos 116, fracción V, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 55 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California y 2 de la misma Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Baja California.
La Iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales.
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