Rosarito Informa.-El diputado Armando Espinoza Arroyo advirtió que un grupo de
personas pretende cambiar el nombre original del ancestral pueblo de “El
Rosario”, que se ubica al sur del municipio de Ensenada, por lo que solicitó la
intervención del gobernador Francisco Vega de Lamadrid para evitarlo.
Asimismo, el legislador ensenadense propuso que esta
Soberanía solicite la intervención de la delegada del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) en Baja California, María Julia Bendímez
Patterson, a efecto de que se respete el registro del poblado como patrimonio
histórico del Estado.
El planteamiento de Espinoza Arroyo fue hecho durante la
sesión ordinaria de la Vigésimo Primera Legislatura, la cual fue conducida por
el diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez, en su calidad de presidente de
la Mesa Directiva.
El diputado Armando Espinoza expuso en la tribuna que el
citado poblado fue fundado el dos de julio de 1774, según la información del
cronista de El Rosario, Alejandro Espinoza Arroyo, lo que significa que se creó
50 años antes de que existiera la República Mexicana.
Detalló que en el lapso de 1800 a 1900, El Rosario junto con
San Vicente, Santo Tomás, Real del Castillo y Ensenada, fueron los principales
centros de población de Baja California en su parte norte.
Además, sostuvo el legislador, El Rosario ha sido cuna de
valiosos bajacalifornianos, entre los que se encuentra el diputado
constituyente, Dr. Francisco Dueñas Montes.
Refirió que en 1950, un grupo de políticos intentó cambiarle
el nombre al mencionado poblado para ponerle el de un funcionario, lo cual
causó una serie de manifestaciones de inconformidad por parte de los habitantes
del lugar, gracias a lo cual se suspendió la intención.
Sin embargo –advirtió- de nueva cuenta han surgido personas
que buscan cambiarle el nombre, por lo que se hace necesaria la intervención
del Ejecutivo y del INAH para impedirlo.
El punto de acuerdo fue aprobado de manera unánime por los
integrantes de la XXI Legislatura, por lo que esta Soberanía se dirigirá al
Jefe del Ejecutivo y a la funcionaria federal, en busca de su intervención.
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