Rosarito Informa.-El diputado Fausto Gallardo García propuso ante la asamblea
legislativa local, una iniciativa de reforma al artículo 95 del Código Civil
del Estado, a fin de que la persona que
pretenda casarse y ha sido condenada por el delito de violencia familiar, deba
exhibir el documento que acredite que recibió tratamiento psicológico o
psiquiátrico especializado, en caso de que le haya sido impuesta esta medida de
seguridad.
La reforma
especifica que hasta en tanto no se haya cumplido con dicha medida de
seguridad, no se le permitirá celebrar el matrimonio; ello con el único
propósito de garantizar que la persona condenada cuente, a criterio de un
experto, con un tratamiento adecuado que prevenga en mejor medida, agresiones
futuras o la reincidencia en esta clase de delitos.
Se agrega
que si al momento de preguntarles a los pretendientes, éstos se conducen con
falsedad u ocultan la verdad sobre si han sido condenados por este delito,
podrían ser sancionados en términos del artículo 320 del Código Penal, con 1 a
5 años de prisión y hasta 100 días multa.
Dentro de
su argumentación, Gallardo García mencionó que en todos los Estados del país se
tiene la idea de que las mujeres violentadas por su novio o ex novio a lo largo
de su relación, son hechos sin importancia y que por lo tanto no hay motivos
para denunciar las agresiones. En ese sentido, aseveró que las entidades que
más destacan en esta concepción son Baja California, Nayarit y Campeche, con
valores de 87, 86.5 y 85.3 por ciento, respectivamente.
Por otro
lado refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares 2011-2014, realizada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), la violencia más frecuente contra las mujeres
ocurrida en ámbitos privados, es la proveniente del esposo o pareja.
Afirmó, además, que los Estados con los valores más altos de
violencia emocional hacia las mujeres son el Distrito Federal (96.6 por
ciento), Tabasco (96.4) y Baja California con el 96.3 por ciento. Asimismo, que
la entidad con mayor violencia patrimonial (sustracción, destrucción, retención
o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos) es Baja California, con un 5 por ciento,
que también es la entidad donde las mujeres solteras tienen la más alta
prevalencia de este tipo de violencia, con un 2.9 ciento a nivel nacional.
Esta iniciativa de reforma venía suscrita por los grupos
parlamentarios del PVEM, PRI, PT, PRD, PES y PBC.
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