Rosarito Informa.-El abuso sexual infantil, es un realidad trágica para miles
de personas y de acuerdo a diversos psicoterapeutas las secuelas emocionales de
las víctimas se viven a lo largo de toda
su vida, afectando de manera irreparable la salud mental y emocional de los
niños y niñas, indicó David Ruvalcaba Flores.
Así lo señaló el coordinador del Grupo Parlamentario del
PRI, al presentar ante el pleno, una iniciativa con proyecto de decreto
mediante la cual se reforman los artículos 113 bis y 114 bis del Código Penal
para el Estado de Baja California.
En su exposición de
motivos, citó los recientes hechos luctuosos que impactaron de forma sorpresiva a la sociedad de Baja
California, como son los casos de los niños: Usiel, Kimberly y Diana Mía, a
quienes algunos de ellos, previo a ser ultimados por sus padrastros con la
complicidad de sus madres consanguíneas, también se comprobó la existencia del
abuso sexual.
Como consecuencia de dichos abusos, resaltó que sobrevienen
comportamientos anormales en la vida de las víctimas tales como el desánimo en
el estudio y falta de deseos de vivir; el surgimiento de miedos a intimar con
su pareja, aislamiento, rechazos y confusiones que les impide tener parejas
estables y, en muchos de los casos estas víctimas se suelen convertir en
agresores sexuales, cuando no reciben la terapia correspondiente provocándose
una cadena.
Surgen estos problemas cuando intentan acercarse a la ayuda
profesional, lo que les ayuda a romper el silencio y a superar esas lamentables
vivencias de su truncada niñez, pero para entonces en muchas de las ocasiones,
estas conductas abusivas ya no pueden ser sancionadas por la autoridad
judicial, en virtud de actualizarse el supuesto de la prescripción del delito,
subrayó.
David Ruvalcaba mencionó que: “por tal motivo y considerando
que se debe atender al interés superior de la niñez, es nuestra obligación
garantizar que los niños, niñas y adolescentes, puedan crecer en un ambiente de
seguridad. En este contexto la protección que esta reforma pretende a nuestro ordenamiento punitivo, es que se
les permita ejercer la acción punitiva y poder llevar a cabo la restauración de
sus derechos humanos transgredidos”.
En este orden de ideas, es necesario enfatizar la
importancia de que los agresores sexuales no eludan a la justicia por los
crímenes que atenten contra la libertad sexual de los menores, sin importar el
momento en que se llevaron a cabo, agregó.
“Es momento -dijo- de replantearnos si seguiremos fomentando
y tolerando que por el conducto de nuestra legislación, que se condonen hechos
repugnantes en contra de nuestros niños por personas adultas que son plenamente
conscientes y responsables de los resultados de sus acciones, o debemos valorar
y ponderar si un derecho de un ofensor, está por encima de los de una víctima
del delito”.
Cabe mencionar que en Baja California, durante el año 2015
se registraron 2 mil 328 denuncias por delitos de índole sexual de los cuales
687 corresponden a violaciones sexuales y en lo que va del año se han
registrado mil 049 denuncias por delitos sexuales de los cuales 307 fueron por
el delito de violación.
A estas estadísticas referidas anteriormente, aún falta sumar aquellas denuncias que permanecen
en silencio, ya que de acuerdo a testimonios de algunos agresores sexuales, las
técnicas que utilizan para poder perpetrar impunemente estos aberrantes delitos
es la manipulación en sus víctimas aunado a la complicidad de los padres de los
menores para evitarse problemas mayores, concluyó.
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