Rosarito Informa.-Por unanimidad, los diputados del Congreso del Estado
aprobaron una iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 293 del
Código Penal, mediante la cual queda establecido que todo servidor público
comete el delito de abuso de autoridad, “cuando otorgue permisos,
autorizaciones o aprobaciones, para urbanizar o fraccionar el suelo, en
cualquiera de las etapas en que se encuentre y sea omiso en verificar o exigir
que los interesados cumplan con todos los requisitos previstos en la ley y sus
reglamentos”.
El
inicialista es el legislador Roberto Dávalos Flores, quien argumentó en la
exposición de motivos que su propuesta se debe a que muchas familias de Baja California se han enfrentado
a serios problemas al adquirir viviendas que están fraccionadas
en terrenos cuyas condiciones son
irregulares.
Resaltó que muchos fraccionadores han obtenido permisos aún
en contra de los requisitos exigidos por la legislación y sus reglamentos vigentes,
lo que ha derivado en denuncias e inconformidades de muchas familias contra conocidas
inmobiliarias.
El representante popular perredista detalló que,
incluso, muchas de las casas ofertadas y
adquiridas por los clientes no contaron
con agua potable y energía eléctrica, entre otras carencias, lo que
engloba todo esto una violación al debido uso de suelo.
Informó que muchos conjuntos habitacionales en la entidad,
no cuentan con acciones de urbanización torales como el acta del cabildo, en
donde se autoriza la incorporación del suelo rural al desarrollo urbano y la
reincorporación para la construcción de las unidades habitacionales.
Además de que no cuentan con fianzas de garantía en obras de
urbanización, así como de las actas de entrega y recepción que debieron
realizar las constructoras y las autoridades de los ayuntamientos para
municipalizar los servicios públicos de los fraccionamientos, con
autorizaciones de fraccionamiento, fusión, subdivisión y relotificación de los
terrenos.
“Sin lugar a dudas debe
preocuparnos esta situación, y
nuestra obligación es establecer medidas legislativas que, en lo posible,
ayuden a disminuir la incidencia, regulando obligaciones y prohibiciones más
severas en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del
Estado”, subrayó Dávalos Flores.
Esta iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados local,
será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.
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