martes, 22 de mayo de 2012

CONGRESO EMITE FORMAL EXTRAÑAMIENTO A DIEZ ENTIDADES QUE NO HAN ENTREGADO AVANCE FINANCIERO

Rosarito Informa.-El Congreso del Estado lanzó un formal extrañamiento a diez entidades estatales a causa del incumplimiento en la entrega del informe trimestral de avance financiero, correspondiente al presente ejercicio fiscal, y los exhortó a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico para el Estado.

 La propuesta fue presentada por la Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado (CHP), Diputada Rosana Soto Agüero y apoyada por los Diputados de la Vigésima Legislatura.
La Diputada Soto Agüero dijo en tribuna que la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los haberes públicos, “son componentes fundamentales en los que se sustenta todo gobierno democrático “
Precisó que de conformidad con el artículo 82 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado, se establece que para efectos de la evaluación y fiscalización de la correcta aplicación de los recursos, el Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas; los Ayuntamientos, por conducto de los Presidentes Municipales, y los Titulares de las Entidades Paraestatales y Paramunicipales, del Poder Judicial, así como de los Órganos Autónomos, deberán remitir al Congreso del Estado, la información financiera.
A fin de que cuenten con el tiempo necesario, explicó la Congresista, se concede un plazo de 30 días para que elaboren dicho informe, por lo que el concerniente al primer trimestre del año debería haberse entregado el último día hábil del mes de abril.

La Diputada agregó que, no obstante el mandamiento de Ley, existen entes que no han dado cumplimiento a la misma, por ello se estima conveniente que a los titulares de las entidades obligadas “en quienes se deposita la responsabilidad de administrar el patrimonio del pueblo, se les haga llegar un extrañamiento, sin soslayar que a quienes no se ajusten a las obligaciones establecidas en nuestras leyes, se les apliquen las sanciones conducentes”.
Las entidades que no cumplieron con esta obligación legal, y cuyos titulares recibieron el consiguiente extrañamiento, son: Comisión Estatal de Energía de Baja California (CEE), Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, constituido para cubrir prestaciones económicas de los trabajadores de base del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California (S.U.T.S.P.E.M.I.D.B.C.).

En el mismo caso se encuentra el Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración de la Reserva Técnica del Instituto de  Seguridad  y  Servicios  Sociales  de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), para cubrir prestaciones económicas al personal de base, pensionados y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E. Sección 37) del Estado de Baja California.
Además se exhortó al titular del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Tecate, Tijuana y Playas de Rosarito, B.C. la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California (PDH), el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California (CONALEP).

Complementa la lista la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT), el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (IMDET), el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada, B.C. y el Patronato "Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública" Mexicali
La Presidente de la CHP destacó que el dar cumplimiento en la presentación de los avances de gestión, permite conocer si la distribución de los recursos públicos es adecuada o no, pues ayuda a evaluar si fueron suficientes los recursos presupuestados, y si los mismos fueron ejercidos en forma eficaz por cada uno de los titulares de las distintas entidades, por lo que su punto de acuerdo tiene el propósito de obtener el cumplimiento íntegro de la ley y preservar los intereses del pueblo de Baja California, además de advertirles que “de persistir la contumaz conducta de los mismos, se deberá proceder en los términos que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California y el Código Penal para el Estado”.

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