Cero Grados.-Agentes ministeriales adscritos al Grupo de Aprehensiones, pertenecientes a la Subprocuraduría de Justicia en Tijuana cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de un par de sujetos, quienes en casos diferentes están acusados como presuntos responsables de delitos sexuales.
En el primer caso fue asegurado Paul N., quien es señalado como indiciado dentro de la causa penal 314/2016, radicada en el Juzgado Primero de lo Penal por el delito de violación equiparada agravada.
De acuerdo a la declaración de la víctima, una joven de 13 años de edad, el agresor es un pariente cercano, quien cuando se encontraba sola en la casa, él entraba para abusar de ella amenazándola para que aceptara, pues de lo contrario le haría daño a su familia.
Al confesar los hechos a sus familiares, acudieron a interponer la denuncia ante el Ministerio Público, y se le brindó la atención sicológica correspondiente, incluso en uno de los dictámenes se determinó que la menor presenta afectación sicológica por los hechos antes denunciados.
En un segundo caso, los agentes de la Policía Ministerial aseguraron a René N., cuando fue ubicado sobre las calles Tercera y Revolución de la Zona Centro, y dieron así cumplimiento a la orden de aprehensión que existía en su contra, librada por el Juzgado Octavo de lo Penal, dentro de la causa 262/2016, por el delito de abuso sexual, cometido en contra de una menor de 14 años de edad.
De acuerdo a la denuncia, los hechos sucedieron en el 2014, cuando la menor ofendida se encontraba durmiendo en su habitación, a la que entró un vecino y aprovechó que la víctima se encontraba dormida para abusar de ella, en esos momentos la menor abrió los ojos y alcanzó a ver al presunto responsable, quien escapó cuando ella le avisaba a su familia.
Enterados del caso y denunciados los hechos ante el Ministerio Público, fue que se solicitó la orden de aprehensión en su contra, y una vez librada, fue debidamente cumplimentada por los agentes ministeriales.
En ambos caso, los indiciados se encuentran internados en el Centro de Reinserción Social de La Mesa en Tijuana, a disposición de los jueces penales correspondientes, quienes habrán de determinar la situación legal de los probables responsables.
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