Cero Grados.-“La desalinizadora que el gobierno estatal nos ha impuesto a los bajacalifornianos no solamente es innecesaria, sino que conlleva una deuda de 76 mil 901 millones de pesos, que cargaremos todos los habitantes de la entidad durante 37 años. Por eso, desde el Congreso de la Unión, yo haré todo para frenarla”, anunció Adriana López Quintero, candidata a diputada federal por el distrito 07.
En su octavo día de campaña, López Quintero recorrió las calles de este municipio, donde escuchó la preocupación que existe entre los rosaritenses, por los efectos sociales, financieros y ecológicos que traerá la desalinizadora.
Y reunida con vecinas y vecinos de la zona, ante el terreno donde se edificará la planta, advirtió: “Rosarito no será el desagüe de nadie, ni tampoco va a cargar una pesada deuda, nada más para que una empresa extranjera, como lo es Consolidated Water, haga negocio”.
“Los bajacalifornianos vamos a pagarle toda la construcción de la planta a Consolidated Water, para después comprarle agua a precio de oro y que, encima, ellos puedan venderle otro tanto a la ciudad de Otay, en California, para ganar todavía más dinero, ¿pues cómo no van a estar contentos? Si se encontraron a un gobierno entreguista, que les puso todo en charola de plata, que les está permitiendo hacer un negocio multimillonario, sin poner un peso”, señaló.
“Serán terribles las consecuencias de este proyecto para nuestras familias, pues además de las afectaciones que traerá la salmuera al ambiente, la compra de agua a Consolidated Water provocará que aumenten las tarifas de agua en todo el estado, lastimando la economía de nuestras familias”, delineó.
“Resulta escalofriante que el gobierno estatal haya endeudado por 37 años a los bajacalifornianos. Imagínense, mi hijo, de 8 años, tendrá 45 cuando acabe de pagarse la deuda. Es probable que ni ustedes, ni yo, estemos aquí para ver ese día. Serán generaciones y generaciones de bajacalifornianos, cargando con esa injusta losa”, manifestó.
En cuanto a las penalizaciones que deberán pagarse si se cancela el proyecto, López Quintero no soslayó que “por desgracia, son altas, pero también muchísimo menores a los 76 mil millones de pesos que vamos a terminar pagando, durante 37 años. Malamente, el gobierno estatal firmó un contrato leonino, muy favorable a los intereses de Consolidated Water y desfavorable a los de Baja California”.
“Si queremos ver a nuestras hijas y a nuestros hijos con honor, no podemos decirles que nos quedamos de brazos cruzados ante semejante despejo, ante tamaña injusticia. No podemos decirles que no movimos un dedo para detener este crimen ecológico y financiero que supone la desalinizadora. Por eso, una de mis prioridades como representante de las y los rosaritenses, será frenar la construcción de esta innecesaria planta”, sentenció.
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