El presidente de la Asociación de Profesionistas de Tulum, Javier Flores, declaró
que “el municipio vive una crisis de gobernabilidad por incapacidad de la presidenta para resolver la huelga declarada por el sindicato” e informó que la sociedad civil pidió al Congreso abrir juicio político y revocar el mandato a la alcaldesa Edith Mendoza Pino.
Mientras tanto la huelga de hambre y el plantón de trabajadores municipales ha reducido al mínimo servicios públicos, recolecta de basura y mantenimiento de obras, “lo que implica un grave riesgo para la imagen de Tulum en el mercado internacional del turismo”.
Por su parte la alcaldesa Mendoza Pino redujo su oferta a los huelguistas y dijo que pagará “cuando mucho” un millón de los siete y medio que adeuda a los inconformes.
Este viernes el movimiento del sindicato de trabajadores de Tulum cumplió diez días con un plantón ante el palacio municipal en el que participan 168 empleados, de forma paralela transcurre la huelga de hambre que mantienen once empleados, ayer cuatro de ellos debieron retirarse por recomendaciones médicas.
Durante la semana, el gobernador Roberto Borge, el Congreso estatal y partidos políticos recomendaron a Mendoza Pino resolver el problema; sindicatos de los municipios de Playa del Carmen, Solidaridad, Lázaro Cárdenas y José María Morelos, anunciaron que realizarán marchas de protesta en apoyo a los huelguistas.
La presidenta Mendoza Pino insistió en negociar de manera individual con los inconformes y comisionó al secretario del Ayuntamiento, Antonio Miranda para atender, caso por caso, a quienes se presenten en una mesa instalada junto al palacio municipal.
Sin embargo el dirigente del sindicato, Audomaro Solís Pacheco dijo que se trata de una maniobra para sorprender a los trabajadores: El laudo de Conciliación ordenó al municipio pagar la totalidad de descuentos en indemnizaciones en octubre del año pasado, cuando la suma era de tres millones 700 mil pesos.
Pero además dispuso el pago de salarios caídos, por lo que la suma es de siete millones 600 mil pesos, por el tiempo transcurrido desde que se inició el movimiento, la presidenta rechaza el pago de este total pese a que es un mandato de ley, explicó el dirigente.
“La ineptitud de la alcaldesa provocó que esa cifra se haya incrementado y siga aumentando. Nosotros hemos resuelto mantener el movimiento y seguir con nuestra demanda colectiva porque la ley nos asiste”, agregó.
Por otro lado el presidente de los profesionistas Javier Flores, dijo que entregó al Congreso, una petición firmada por representantes de la sociedad civil “que demandan juicio político y revocación de mandato contra la presidenta Mendoza Pino, bajo el cargo de incapacidad para gobernar”.
En la solicitud se anexa un extenso documental de excesos, abusos de poder, prepotencia y otras causales que generaron la actual crisis de gobernabilidad que se vive en Tulum”.
Los documentos fueron dirigidos al presidente de la comisión permanente del Congreso, Eduardo Espinosa Abuxapqui, pero además se entregaron copias individuales a todos los diputados de todos los partidos, agregó el dirigente.
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