Rosarito Informa.-Con el fin de que se retomen los principios de eficiencia,
eficacia, economía, transparencia y honradez en el uso de los recursos públicos
que se les han dotado para su debida administración, el diputado Francisco
Barraza Chiquete propuso que se faculte al Congreso del Estado para regular las
remuneraciones de los titulares de los organismos constitucionales autónomos y
demás servidores públicos.
Para ello, su iniciativa plantea reformar el artículo 27 de
la Constitución de Baja California, que trata sobre las facultades del
Congreso. Asimismo, sugirió modificaciones al artículo 97 donde se refieren las
facultades otorgadas a los funcionarios públicos.
En ese sentido, en las reformas propuestas a este último
artículo se establece que las remuneraciones que perciban los servidores
públicos, deberán ser “aprobadas y modificadas anualmente por el Congreso del
Estado. Por lo tanto queda prohibido la asignación unilateral de aumentos de
sueldos, el otorgamiento de percepciones distintas al sueldo, y gastos de viaje
oficial en mayor cantidad a los aprobados en los presupuestos de egresos”.
Además, Barraza Chiquete plantea inscribir que “las
remuneraciones que perciban durante su encargo los titulares de los organismos
públicos autónomos constitucionales, serán conforme al tabulador que apruebe el
Congreso, y en ningún caso estará justificada una remuneración que exceda el
monto máximo anual para cada titular; el Congreso del Estado por conducto de la
Comisión que determine su Ley Orgánica, fijará anualmente el monto adecuado por
los servicios prestados”.
La reforma establece que esas disposiciones serán aplicables
a “los titulares siguientes: Los Consejeros que integran el Consejo General
Electoral del Instituto Estatal
Electoral; los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos; los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de lo
Contencioso y Administrativo; los Magistrados del Tribunal de Justicia
Electoral, y al Auditor Superior de fiscalización, previstos en esta
constitución”.
Por último, esta iniciativa de reforma constitucional
establece que el Congreso expedirá las disposiciones para sancionar penal y
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión
por simulación de lo arriba propuesto, que “consistirán en la destitución del
servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, cargos o
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por un periodo mínimo
de tres años hasta veinte años”.
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