Cero Grados.-Al insistir en la revocación del Artículo Octavo Transitorio de la Reforma Constitucional aprobada en 2014 con el cual se estableció la implementación de un gobierno de dos años, la Delegada en Baja California de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, María Adolfina Escobar López, puntualizó que un gobierno de 2 años es un gobierno que no va a cumplir de entrada con una planeación.
“La ley de planeación nos obliga, y nosotros sabemos, que cuando inicia un gobierno estatal a veces tarda hasta un año para poder diseñar sus planes y sus programas y en este caso creo que sería algo trunco el tener un gobierno de 2 años”, manifestó Escobar López.
Destacó que es importante seguir insistiendo en que se atiendan las impugnaciones que ya se han presentado por parte de diferentes instancias y formatos, con el fin de resolver la derogación del artículo transitorio antes mencionado, ya que en efecto, hay argumentos suficientes para derogarlo.
Entre los principales argumentos, señaló que para la aprobación de la reforma constitucional se omitió de manera formal notificar a los ayuntamientos porque hasta el momento no han podido demostrar que fueron notificados legalmente y como consecuencia ninguno contestó en su oportunidad, emitiendo un voto ya sea a favor o en contra de dicha reforma.
“Nos parece que fue una omisión fundamental en este proceso porque el objetivo de consultar a las municipalidades es que precisamente sean los cabildos los que también conozcan y resuelvan sobre la conveniencia de las reformas”, expresó.
Indicó que el Congreso del Estado aprobó argumentando que en virtud de la falta de respuesta de los concejos, se les consideró como atendiendo a favor de dicha reforma, algo que consideró, no cumple con el principio de legalidad, certeza y seguridad jurídica en este procedimiento.
Agregó que actualmente el estado tiene un gobierno endeudado, que no ha tenido la capacidad económica para atender rubros fundamentales como es el tema de la educación, salud y seguridad pública, por lo que el generar una mayor endeudamiento con un proceso electoral seguido de otro proceso después de dos años es algo irresponsable e innecesario.
“Por eso es que insistimos y creemos que deben las autoridades jurisdiccionales resolver como en derecho procede, y es desestimar este Artículo para poder generar un proceso tal como se está llevando en materia electoral, pero con la condicionante de que el periodo constitucional sea de cinco años”, concluyó.
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