Se reformó la ley de educación para capacitar a educadores y padres respecto a evitar el castigo corporal

Rosarito Informa.-El Pleno del Congreso local aprobó una reforma a los artículos 5 y 15 de la Ley de Educación del Estado, con el objeto de que el marco legal en esta materia prevea que los programas y contenidos educativos precisen la obligación de capacitar tanto a educadores, como a los propios padres de familia, respecto a la importancia de evitar el castigo corporal, como método pedagógico.

La Iniciativa, que se aprobó por unanimidad, fue presentada ante esta Soberanía por la Diputada María del Rosario Rodríguez Rubio, del Partido Acción Nacional, durante la sesión ordinaria celebrada este día bajo la presidencia del Diputado Alfonso Garzón Zatarain y dictaminada por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de la XX Legislatura.

Con la reforma al artículo 5 de la citada Ley, se establece que “se deberán efectuar programas dirigidos a los Padres de Familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos, y brindarles educación bajo el principio de no violencia hacia los niños, de manera tal, que los programas incluyan asesoría y orientación sobre los derechos de los niños a la protección, la promoción de la educación no violenta y la solución no violenta de conflictos”

Por lo que hace al artículo 15, se acota que “se elaborarán programas de enseñanza activa, encaminados a promover los derechos de los niños y la educación no violenta, basada en modelos educativos que prohíban el castigo corporal, así como a fomentar la cultura de la prevención de delito y de concientizar de las influencias negativas que el delito provoca en la sociedad”.

En la exposición de motivos, la Inicialista señaló que la convención acerca de los Derechos del Niño obliga a los Estados que forman parte, a adecuar sus marcos jurídicos en beneficio del interés superior de los niños, para tales efectos, las normas legales deben garantizar “un entorno sano que brinde al menor una niñez sin pobreza, ni desigualdad, con acceso a educación y sistemas de justicia basados en el respeto por los derechos fundamentales”.

De igual modo, agrega, la adecuación de las normas jurídicas deberá verse complementada por el actuar social, concientizado de la importancia de aplicar los mismos principios en la convivencia familiar, así como en la educación a cargo de las instituciones públicas y privadas, y en general, en todos los niveles y ámbitos de la administración pública.