martes, 24 de junio de 2014

Comisión de comunicación emite opinión favorable para derogar el delito de difamación en el código penal

Rosarito Informa.-En sesión de trabajo la Comisión de Comunicación del Congreso, cuyo presidente es el diputado Francisco Barraza Chiquete, aprobó por unanimidad emitir una opinión favorable hacia la iniciativa de decreto que tiene el propósito de derogar diversos artículos que establecen los delitos de difamación y calumnia, inscritos en el Código Penal de Baja California.

            Se manifestaron a favor los integrantes de dicho órgano de trabajo, legisladores Francisco Barraza Chiquete, presidente; Juan Manuel Molina García, secretario; y los vocales Armando Reyes Ledesma, Gustavo Sánchez Vázquez y Gerardo Álvarez Hernández, éste último inicialista de la reforma. Cabe mencionar que este parecer en sentido positivo será enviado  a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la cual es la encargada de dictaminar al respecto.
            En segundo lugar fue analizada la iniciativa de reforma al artículo 83 quinquies de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California, presentada por los grupos parlamentarios del PAN, PANAL, PEBC y PRD, que tiene la finalidad de proponer que el funcionamiento administrativo de la Dirección de Comunicación del Congreso esté a cargo de la Comisión de Comunicación, y no de la Junta de Coordinación Política como sucede actualmente.
            Al respecto se manifestaron 4 votos a favor de los asambleístas Francisco Barraza, Juan Manuel Molina, Gustavo Sánchez y Gerardo Álvarez; y uno en contra del diputado Armando Reyes.
            Por último se aprobó por unanimidad dar una opinión en sentido negativo a la iniciativa que reforma el artículo 100 de la Constitución del Estado, presentada ante el Pleno por el diputado Fausto Gallardo García, la cual intenta regular la comunicación social de las diversas dependencias gubernamentales a nivel estatal y municipal, así como establecer los lineamientos de publicidad, imagen institucional y simbología a la que deberán sujetarse las instituciones públicas y sus respectivos funcionarios.  

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