Rosarito Informa.-El pleno del Congreso del Estado aprobó de manera unánime un punto de acuerdo presentado por el diputado del Partido del Trabajo, Julio César Vázquez Castillo, con la finalidad de emitir un exhorto al Rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Felipe Cuamea Velázquez, para que atienda de inmediato un acto de discriminación por parte de un funcionario de la máxima casa de estudios en contra de la joven Seyed Maryan Falah Shams Calderón, aspirante a ingresar a la UABC y que presenta discapacidad auditiva.
Ante el pleno del Poder Legislativo Vázquez Castillo expuso que un funcionario de la UABC adscrito a la Vicerrectoría Tijuana, violentando los derechos humanos, le respondió a la joven que si aceptaba su ingreso a la universidad pero que no podía asistirse de un intérprete de lenguaje de señas mexicanas, porque “seguramente le daría las respuestas de los exámenes que realizaría en la universidad”.
La joven aspirante a la Universidad Autónoma de Baja California, presente en la sesión del pleno, estuvo atenta al exhorto del diputado Vázquez Castillo, quien subrayó que mientras el Rector de la UABC firma un convenio de respeto a los derechos humanos, uno de sus funcionarios fomenta la discriminación educativa.
“Pese a que la aspirante universitaria le había aclarado al funcionario en mención que ella y su familia pagarían el intérprete que tiene un costo de 2 mil 500 pesos por semana, seis horas cada día, no le importaron los deseos de esta joven que es un ejemplo de lucha y de superación en Baja California”, manifestó Julio César Vázquez.
Vázquez Castillo, pidió a la máxima autoridad de la UABC, se acepte la inscripción de la joven Seyed Maryan Falah Sham Calderón y se le permita ser asistida en todo momento por un intérprete de lenguaje de señas mexicanas, para que vea cristalizados sus sueños de concluir una licenciatura.
También hizo un exhorto a la Secretaría de Educación del Estado de Baja California, a efectos de que revisen los procedimientos de ingreso de las escuelas públicas y privadas que estén bajo su regulación, con la finalidad de evitar acciones discriminatorias a personas con o sin discapacidad.
Se sumaron a este exhorto todos los Diputados pertenecientes a las diferentes fracciones parlamentarias representadas en el Congreso del Estado.
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