Rosarito Informa.-El Congreso local solicitará al Órgano de Fiscalización
(Orfis) del Estado que efectúe la
revisión, análisis, auditoría y opinión
del ejercicio fiscal correspondiente al crédito autorizado al Poder
Ejecutivo por 2 mil 850 millones de pesos, aprobado en diciembre de 2014 para
el rescate financiero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
(Issstecali).
Lo anterior viene de una propuesta hecha en la pasada sesión
ordinaria por el diputado Roberto Dávalos Flores, contenida en un punto de
acuerdo, donde justificó esta petición en razón de que el Gobierno del
Estado ─afirmó─ “decidió reorientarlo a
inversión y gasto público, financiamiento de planes, programas y adquisiciones
y estrategia financiera”.
El
representante popular perredista informó que a los legisladores se les dijo que
dicha cantidad sería “exclusivamente al saneamiento financiero del Estado de
Baja California y sus paraestatales, a fin de atender los saldos de los adeudos
que se tienen con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Gobierno”, lo cual quedó asentado, dijo, en el dictamen 195 de
la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
“A estas
fechas los maestros ya enlistados que
cumplen con más de 30 años de servicio como requisito, sólo se les está
dando la prejubilación, sin tener ningún resolutivo firme y oficial en su
problemática relacionada con el pago de su jubilación y poder desahogar un gran
número de pensiones, a favor de mujeres y hombres que han dado parte de su vida
al servicio público, y que no han sido atendidos por la situación real que
impera en el Issstecali, generando que no se logre un avance en la entrega de
jubilaciones y pensiones”, mencionó Dávalos Flores.
Recordó
que en el 2014 el Gobierno del Estado expresó que las nuevas medidas para el
rescate financiero del Issstecali, eran para solventar su severa crisis
económica y atender los problemas heredados en dicha dependencia, de los cuales
mil 237 millones corresponderían a los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada,
Tecate y Rosarito, y el resto para el Estado.
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