Por.- Alfredo Calva
BC, el nuevo San Pedro de los Saguaros…..
Al igual que en el filme de Luis Estrada, La Ley de Herodes, en la escena
en que al personaje central, Juan Vargas, recibe la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y una pistola, para que con ambos apoyos realizará
a su libre albedrio la recolección de dinero para el funcionamiento de su gobierno.
La SHCP a través del convenio 8 convertirá en un San Pedro de los Saguaros y al
gobernador, en su Juan Vargas.
En el 2008 la SHCP signo con el gobierno del estado, en ese entonces
liderado por José Guadalupe Osuna Millán, un convenio de Coordinación Fiscal en
el que se facultaba al estado para que interviniera en todo lo relacionado con la
importación ilegal de mercancías, el pago de impuestos y demás asuntos de orden
fiscal que competen al gobierno de la república.
La actuación del gobernador Osuna Millán y del personal del estado en ese
sentido fue muy relajado, se puede decir que no existió, las razones, que el
porcentual que la federación estableció en el convenio por cada asunto en. el
que interviniera no pasaba el doce por ciento del monto a ejecutar, dinero que
resultaba mínimo para el trabajo administrativo y de tramitología que se tiene
que realizar.
Es decir, era emplear demasiado tiempo para algo que poco redituaba a las
arcas estatales, con el consecuente descuido a los temas fiscales del orden
estatal, que si aportaban sustanciales recursos a través de los créditos
fiscales fincados al erario del estado.
Ahora, con la firma del nuevo convenio de Coordinación Fiscal, signado
entre el entonces titular de la SHCP, Luís Videgaray y el gobernador Francisco
Vega, el pasado cinco de agosto, el otrora poderoso Secretario de Estado, le
realizo un pequeño pero muy sustancial cambio a uno de sus párrafos, el que
establece el porcentual a recibir el estado por su participación y colaboración
en las tareas de fiscalización, revisión y auditorías que por falta de personal
la SHCP no pude realizar a las personas físicas y morales en esta entidad.
El magnánimo Videgaray otorgó al estado el 100 por ciento del monto de los
créditos fiscales que finque, así como de todas las mercancías que sean
decomisadas por haber sido internadas ilegalmente al país, en palabras llanas,
el gobernador tiene, en cuanto se publique el convenio en el Diario Oficial de
la Federación, el incentivo del que adolecía Osuna Millán para entrarle al asunto
de jugar al SAT, quedarse con el total de los créditos fiscales fincados y todo
lo decomisado, incluye autos de super lujo.
Obviamente este espacio no pretende dar una cátedra de asuntos hacendarios,
solo se expuso lo anterior con base en la nota publicada en el gran diario regional
el mexicano, en su página 2A del
pasado martes, firmada por el periodista Adán Mondragón, información que llamo la
atención y género en lo personal dos interrogantes, bajo una óptica política.
¿El gobernador con el pretexto de la motivación económica que le otorgaron
en la renovación del convenio de Coordinación Fiscal, lanzará sus huestes a
someter a sus enemigos políticos, a través de las revisiones y auditorias?.
Y, ¿El gobernador utilizará esa potestad y poder para ayudar a sus amigos y
socios fiscalmente?.
Obviamente el tema es mucho más complejo, es necesario e indispensable acudir
a los expertos para que nos orienten y podamos tener una visión completa del
tema y de sus posibles repercusiones, y porque no, de sus posibles bondades.
Dos diputados rosaritenses…..
Ya dictaminado por el IEE, en el congreso del estado, al igual que la aun
XXI legislatura, Rosarito contará con dos diputados emanados de esa
demarcación, Ignacio García Dworack, quien resulto electo por el principio de mayoría,
y Salvador Sánchez Varela, quien llega al poder legislativo por la vía de
representación proporcional.
Se espera que ambos personajes cumplan a cabalidad con los rosaritenses, y
no resulten una decepción como a quienes reemplazaran, Felipe Mayoral y Laura
Torres.
Y mientras tanto…..
La diputada local Rosalba López Regalado, sigue estando ciega, sorda y
muda, ante su estulticia de no pasar por dictamen de comisión las iniciativas
de ley de ingresos de los ejercicios 2015 y 2016, asunto que le puede generar
denuncia penal.
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