La
Presidente de la CHP, Diputada Rosana Soto Agüero, en compañía de los
Diputados Marco Antonio Vizcarra Calderón, Rubén Fernández González, Ricardo
Magaña Mosqueda y Rubén Alanís Quintero, recibió al titular de esta
institución, Francisco García Burgos quien, por su parte, acudió a la
comparecencia acompañado por sus cercanos colaboradores.
El
motivo de la presencia del funcionario fue la entrega del informe que debería
haber hecho llegar al Congreso del Estado a más tardar el día 30 de abril,
puesto que comprende el gasto efectuado de enero a marzo, lo cual realizó de
manera incompleta, ya que el documento enviado carecía de los anexos que
permiten analizar la correcta aplicación de los recursos que le fueron
asignados, por lo que se le pidió que corrigiera esta anomalía en lo futuro.
En
respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron, García Burgos dijo que
cuenta con un presupuesto de cinco mil 200 millones de pesos y tiene una
plantilla de personal de 2 mil 900 empleados, entre los de base y
sindicalizados, de los cuales 900 son de contrato por tiempo definido.
Sin
embargo se le hizo notar que existen muchas quejas por parte de los
derechohabientes por el retraso que existe para otorgar una consulta, para
programar cirugías y para ser atendidos por médicos especialistas.
Sobre
el particular, el compareciente dijo que entre los proyectos a realizar figura
la construcción de una nueva clínica para consulta externa, lo que permitirá
remodelar el hospital del Centro Cívico en Mexicali y así contratar más
médicos, con lo que se espera abatir el rezago en la atención de medicina
general y de especialidades.
Por
otra parte, el titular de Issstecali aseguró que la institución tiene finanzas
sanas y precisó que cuenta con 40 predios que se encuentran en vías de
regularización para ponerlos a la venta y los recursos que se obtengan se
utilizarán en las obras de infraestructura proyectadas para realizar en
Mexicali, que es donde existe el mayor rezago.
Los
Diputados le hicieron notar casos particulares de falta de atención oportuna y
en particular el de una empleada del Poder Legislativo que a causa de un
diagnóstico equivocado perdió la vida, tras de lo cual se advirtió al
funcionario que un error de estos puede ser castigado hasta con privación de la
libertad para quien resulte responsable, por lo que le sugirieron que exigiera
mayor profesionalismo a los médicos que atienden a los derechohabientes,
especialmente en el área de urgencias.
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