jueves, 13 de septiembre de 2012

Se exhortará al ejecutivo estatal que solicite en donación bienes decomisados a la delincuencia organizada

Rosarito Informa.-El Pleno del Congreso local aprobó un acuerdo económico para exhortar al Gobernador del Estado, a fin de que celebre acuerdos con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), para que sean donados al Gobierno Estatal y que este, a su vez, los utilice en el combate a las adicciones.

 
La propuesta proviene del Partido Nueva Alianza (PANAL) y fue leída en tribuna por el Diputado Gregorio Carranza Hernández, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la XX Legislatura, durante la pasada sesión ordinaria.

El Legislador planteó la conveniencia de que el Ejecutivo Estatal, en representación del pueblo de Baja California, celebre los acuerdos y convenios necesarios con el SAE, que es un órgano desconcentrado del Gobierno Federal, y les haga saber la inquietud por participar de un porcentaje de la enajenación de bienes muebles e inmuebles provenientes de actividades ilícitas.

El objetivo es contar con recursos para el combate a las adicciones, a través de la recepción de donaciones, así como recibir en calidad de beneficiarios de aquellos cuyo abandono haya sido legalmente declarado, en favor del Gobierno Estatal, todo ello para atender las necesidades que en materia de combate a las adicciones se tiene en la entidad.

Sobre el particular, el Diputado Gregorio Carranza señaló que la nueva legislación federal en la materia, establece claramente que la junta de gobierno puede autorizar a los administradores, depositarios o interventores, el uso de los diversos bienes y que estos pueden recaer en titulares de organismos federales, estatales o municipales.

Además, añadió, el artículo 34 del ordenamiento federal, define la posibilidad de asignación o donación de los bienes a las entidades federativas o municipales para que los utilicen en servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social, o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en términos de la ley del impuesto sobre la renta.

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