Cero Grados.-El diputado Bernardo Padilla Muñoz presentó un punto de
acuerdo ante el Pleno, por medio del cual exhortó al Gobernador de Estado,
Francisco Arturo de la Vega Madrid a cumplir y hacer cumplir la Constitución
Mexicana, particularmente la garantía constitucional de la libertad de
expresión, establecida en el artículo 6.
De la misma forma, le propuso al titular vigilar que todos
los funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado, respeten la Libertad de
Expresión de los ciudadanos Bajacalifornianos.
Así mismo, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos en el Estado, el legislador le solicitó al titular del
Ejecutivo estatal que se inicie una
investigación en contra del Director de Comunicación Social en Baja California,
Raúl Reynoso Nuño y en su caso se sancione administrativa o penalmente, según
proceda.
En su exposición de motivos, Bernardo Padilla señaló: “hace
algunos meses, aquí en esta misma tribuna, escuchábamos detenidamente los
posicionamientos de algunos diputados respecto a las violaciones e intromisión
de comunicación por parte del equipo de comunicación social del Estado”.
“Todos los partidos aquí presentes, dieron tanto una postura
de respaldo a los medios, como a la imperiosa necesidad de tomar acciones al
respecto por parte del Titular del Ejecutivo. Días antes más de 56 periodistas
habían denunciado la presión oficial sobre los medios, comentando el periodista
Antonio Heras, -no queremos reportear con un amparo bajo la mano-”.
Luego el legislador del PRI, se refirió a una publicación en
redes sociales, publicada por su esposa en el marco de su derecho
constitucional de libertad de expresión. “Ella
goza de la misma libertad que el director de comunicación social de
publicar lo que desee. La diferencia es, que mi esposa, no cobra ni en comunicación
social, ni en ninguna otra instancia de gobierno”.
Según expuso el legislador, lo delicado del asunto, es la
intromisión y monitoreo de la vida privada de un diputado o servidor público.
“Entiendo que los 25 presentes y los más de 15 mil funcionarios y servidores que existen en Baja
California estemos bajo el escrutinio público, que seamos exhibidos, hasta que
seamos difamados, es parte de esto. El participar en la vida pública, y tratar
de hacer las cosas en beneficio de los demás y romper paradigmas tiene un
precio, y lo asumo”.
“Pero señor director, señor gobernador, yo asumo todos los
embates que gusten contra mi persona o contra mi forma de pensar…pero no asumo
bajo ninguna circunstancia algún embate contra la integridad moral de mi
familia. Podrá haber diferencias políticas, religiosas o hasta de formas de
pensar…pero las familias, deben ser esa línea sagrada de respeto que no debe
saltarse. La libertad de expresión, es total no parcial. La Libertad de
expresión solo la interpreta el máximo órgano de la república, no un funcionario.
La libertad de expresión de un ciudadano es única, y hoy más que nunca vuelve a
renacer en Baja California”, argumentó.
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