Rosarito Informa.-El diputado Fausto Gallardo García propuso una reforma al artículo 340 del Código Penal del Estado para castigar con uno a siete años de prisión, además de una multa de 50 a 3 mil 500 días de salario mínimo (dependiendo de la cantidad de escombro y si se trata de una conducta reiterada), a quien descargue o deposite residuos sólidos de la industria de la construcción en algún lugar no autorizado por las autoridades competentes.
En su exposición de motivos, el legislador del Partido Verde dio a conocer que, comúnmente, las personas que se dedican a la construcción, no obstante de incluir en sus servicios los costos relacionados con la disposición final de los residuos sólidos generados, ésta no se realiza en los lugares autorizados por la autoridad competente con el propósito de obtener un mayor beneficio.
Lo anterior, dijo Gallardo García, “genera la disposición final clandestina de residuos de construcción (cascajo), principalmente en áreas verdes, arroyos, drenes y barrancas, lo que inevitablemente tiene un efecto negativo en la salud de las personas, en nuestro medio ambiente e imagen urbana”. Ante ello, argumentó, existe la evidente necesidad de realizar acciones que induzcan a buenas prácticas ambientales en la planificación, diseño, construcción y operación de un proyecto, obra o actividad.
A manera de ejemplo, informó que en Mexicali el tiradero clandestino se da principalmente en los drenes y canales, lo cual ha ocasionado un problema de tipo operativo a los organismos responsables de su mantenimiento, así como daños de contaminación y saneamiento que afectan a los habitantes de las colonias aledañas a estos.
“En Tijuana, a lo largo de la canalización del río que lleva el mismo nombre, nos encontramos con varios tiraderos clandestinos de escombro, así como en varias partes del arroyo Alamar. Ante esta situación es importante mencionar que el secretario de Protección al Ambiente en Baja California, Carlos Graizbord Ed, explicó que los tres órdenes de gobierno, junto con organismos civiles, encontraron más de 100 basureros clandestinos en dicha ciudad que, en algunos casos, son estrictamente utilizados para arrojar los materiales de construcción”, informó el asambleísta.
El diputado Fausto Gallardo indicó que de los ejemplos arriba citados, se advierte que el marco jurídico en Baja California no responde a las expectativas de derecho que tienen todas las personas en cuanto a garantizar su salud y acceso a un medio ambiente sano; mencionó que por tal razón, resulta indispensable tomar acciones para afrontar los problemas que originan la incorrecta disposición final de los residuos sólidos producto de la construcción, ya que de no hacerlo se continuará poniendo en riesgo estos importantes valores.
“En este caso el derecho administrativo no ha cumplido con su función protectora, por lo que se propone castigar penalmente esta clase de conductas que generan un ingente daño a la salud de las personas y a nuestro medio ambiente”, finalizó.
Esta iniciativa de reforma venía suscrita por los diputados René Adrián Mendívil Acosta (PRI), José Roberto Dávalos Flores (PRD), Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez (PES) y Armando Reyes Ledesma (PT), así como por Felipe de Jesús Mayoral Mayoral y José Francisco Barraza Chiquete (PBC).
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